Nación delega en Santa Cruz y otras provincias el control de rutas y permite cobrar peaje

El Gobierno nacional oficializó el Decreto 253/2026, que habilita a Santa Cruz y otras provincias a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

 Las otras jurisdicciones alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, y San Juan, que habían manifestado interés en asumir la gestión de estos corredores. 

La normativa establece que las jurisdicciones podrán encargarse de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de estos corredores, aunque sin perder la titularidad nacional.

En ese sentido, el texto es claro al indicar que la delegación "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados".

Además, se especifica que las provincias estarán facultadas para "aprobar la documentación licitatoria, efectuar convocatorias y adjudicar los contratos", lo que les otorga un rol operativo central. 

Convenios con Nación y control de Vialidad

Para avanzar con este esquema, Santa Cruz deberá firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos incluidos, los plazos y las condiciones de ejecución.

El decreto establece que estos acuerdos deberán contemplar aspectos clave como el plan de obras, el cronograma, las tarifas de peaje y la estructura de financiamiento.

Asimismo, se remarca que Nación mantendrá el control técnico, ya que "la Dirección Nacional de Vialidad evaluará la viabilidad técnica y económica del proyecto presentado".

En paralelo, las provincias deberán garantizar principios básicos en cada concesión, como la transparencia, la concurrencia y el equilibrio económico-financiero, requisitos que surgen del marco legal vigente. 

Plazos, condiciones y límites del nuevo esquema

La delegación será temporal y podrá extenderse por un máximo de 30 años. Además, las provincias tendrán un plazo de un año para llamar a licitación desde la firma del convenio.

El decreto también fija condiciones estrictas: los fondos obtenidos por peaje deberán destinarse exclusivamente al tramo concesionado. "No podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras", detalla el texto.

Otro punto relevante es que, si no se cumplen los plazos o si el contrato se extingue, la Nación retomará el control de manera automática. Incluso, se prevé que el Estado nacional pueda reasumir la gestión "cuando razones de interés público vinculadas a la mejor gestión de la infraestructura vial así lo exijan".

De este modo, el Gobierno nacional impulsa un esquema de descentralización operativa que busca mejorar el mantenimiento de rutas, sin resignar el control estratégico sobre la red vial.