Registro de agresores sexuales: dos años de una ley que nunca fue reglamentada en Santa Cruz

El 13 de junio de 2019 se aprobaba en la legislatura de Santa Cruz la ley 3.659 que creaba el Registro Permanente de Agresores contra la Integridad Sexual en nuestra provincia. Pero la falta de decisión política hace que la ley no se reglamente. Las agresiones de este tipo son recurrentes y preocupantes.

Un 13 de junio pero del año 2019 los diputados de Santa Cruz aprobaban la creación del registro permanente de agresores contra la integridad sexual en nuestra provincia.



A años de su tratamiento y aprobación desde el Ejecutivo provincial, de Alicia Kirchner, no se toma la decisión política de reglamentarlo, pese a que, hace exactamente un mes, el 13 de mayo de este año, en la legislatura se aprobó una resolución instándolo a la pronta reglamentación.



El registro de agresores sexuales es una Ley sin reglamentar en Santa Cruz, una norma que no funciona y que es necesaria en estos tiempos en que, se denuncian cada dos días situaciones de este tipo no solo en Río Gallegos sino que también se conocen este tipo de situaciones en el interior provincial.



David Catrihuala, impulsor de la norma junto a distintas organizaciones de Río Gallegos es contundente al remarcar que “en la sanción de la ley hubo un trabajo serio, responsable y consensuado, se buscó que esta herramienta de seguridad ciudadana esté disponible para nuestra comunidad”, enunció.



Agregó que “duele que la única respuesta institucional sea el silencio en este tiempo que ha pasado desde la sanción de la Ley a la fecha tenemos una Ley sin reglamentar no es más que intenciones y falta de compromiso institucional mientras todos los días se conocen noticias de abuso sexual en Santa Cruz”. 



Hoy se cumplen dos años de su aprobación. Pero también un mes desde que, en la 5° Sesión Ordinaria, los legisladores sancionaron por unanimidad una resolución instando al Poder Ejecutivo a la pronta reglamentación de la Ley Provincial N° 3.659. 



Sancionada el 13 de junio de 2019, promulgada y publicada en el Boletín Oficial N° 5.372 con fecha 25 de julio también de 2019, la mencionada ley contó en esa jornada con dos proyectos de resolución del mismo tenor de autoría de Juan Manuel Miñones (PJ) y Daniel Roquel (UCR) respectivamente. 



En ese sentido sobre tablas se sancionó únicamente la iniciativa del legislador calafateño pese al pedido de su par radical de unificar los proyectos sin alcanzar los dos tercios para que así sucediese, por lo que su proyecto de resolución fue girado a comisiones.  



Cabe destacar que en la provincia antes de la votación de la ley hubo pronunciamientos por unanimidad de los Concejos Deliberantes de Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, 28 de Noviembre y Puerto San Julián, de autoría de los entonces ediles Fabián Leguizamón (UCR), Leonardo Paradis (PJ), Fernando Españón (PJ) y Susana Martinic (PJ) y posterior a ella también resoluciones solicitando instrucción a los legisladores para la reglamentación en los cuerpos legislativos de Río Turbio y Puerto Santa Cruz por parte de Alicia Jara (PJ) y Daniel Stafetta (UCR) respectivamente. (Diario Nuevo Día)


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