La obra pública en Santa Cruz y Lázaro Baez todavía en el ojo de la AFIP

Es por el uso de facturas truchas, alquileres hoteleros a los Kirchner, cifras millonarias ingresadas por un fideicomiso inexistente y operaciones con la banca suiza; son indicios de los sobreprecios.

Durante los años del macrismo, la AFIP le informó a la Justicia sobre movimientos sospechosos por al menos 1300 millones de pesos que empresas de Lázaro Báez, que fue socio comercial de los Kirchner, realizaron a lo largo de una década. Al cambio de entonces equivalían a cientos de millones de dólares.

La AFIP presentó esa información en al menos cuatro expedientes judiciales y en parte se hizo pública esta semana con la declaración realizada en el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner por el contador Jaime Mecikovsky, un exfuncionario de la AFIP que juró que se deduce de estas operaciones que las obras públicas otorgadas a Báez escondían sobreprecios.

Las tres grandes operatorias de Báez y empresas vinculadas a su grupo económico que quedaron bajo la lupa de la AFIP y que evidencian esos datos a los que accedió LA NACION son la utilización de facturas truchas, tanto por parte de Austral Construcciones como de la constructora Gotti Hermanos, que administraba el empresario patagónico; los alquileres hoteleros de Valle Mitre, la administradora de los hoteles de la familia Kirchner; y una pata internacional, que incluye un fideicomiso fantasma en Uruguay por 64 millones de dólares más movimientos realizados mediante empresas offshore a la banca suiza.

Báez está condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, a raíz de alguna de estas maniobras y ahora enfrenta los cargos de ser partícipe en una asociación ilícita destinada a favorecerlo con obras públicas en Santa Cruz. Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa.

Dos aspectos de toda esta operatoria llamaron la atención de la declaración judicial como testigo que Mecikovsky desarrolló durante más de siete horas: sostuvo que el inicio de las investigaciones fue fortuito ya que, si Báez hubiera pagado lo que reclamaba la AFIP en lugar de buscar una influencia política para solucionar sus problemas, nada se hubiera descubierto.

El caso Gotti

El otro asunto sobre el que puso la mirada la AFIP era el de la constructora Gotti, controlada por los hijos del fundador, fallecido en un accidente automovilístico, pero que administraba Austral Construcciones. La AFIP de Comodoro Rivadavia recibió información de 14 seccionales que habían desarticulado usinas de facturas truchas, y de ese operativo surgió una lista de las empresas usaban esos comprobantes. Se investigó a Gotti como una de ellas con unos $500 millones de facturación, lo que le permitió gozar de un crédito fiscal de $100 millones de IVA. En 2009 la compañía se presentó a una moratoria, en la que reconoce la falsedad de la documentación de unos 86 proveedores.

Según dijo Mecikovsky en la audiencia del juicio contra Cristina Kirchner, acogerse a esa moratoria conllevaba admitir la utilización de las facturas truchas. “Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti. Es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo intermedio de los activos”, dijo el contador. También agregó que “los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos llevan a pensar que hay sobreprecios”.

Mecikovsky planteó que la plata de Gotti Hermanos que venía del Estado era en blanco. Si luego la empresa le pagaba bienes y servicios a proveedores reales, el dinero que quedaba en sus balances tras esos pagos era su ganancia. Sin embargo, añadió, esa ganancia resultante sería tan alta que evidenciaría los sobreprecios injustificados en los valores de las obras públicas. Por eso recurrieron a las facturas truchas con proveedores inventados. Eso, a su vez, llevó a contar con más fondos negros, de libre disponibilidad, que se fugaron al exterior a través de cuevas o se entregó en bolsos a terceros.

Los hoteles de los Kirchner

Otra de las operatorias de Báez que llamó la atención de la AFIP fue el alquiler de habitaciones en los hoteles de los Kirchner por parte de Austral Construcciones y otras ocho empresas suyas a través de Valle Mitre, una firma gerenciadora que también pertenecía a Báez y que carecía de experiencia alguna en la administración de hoteles. Aún así, facturó unos $26 millones.

Y finalmente la AFIP puso la mirada en las operaciones con aristas internacionales vinculadas con Austral, a partir de las denuncias que presentó la diputada nacional Margarita Stolbizer ante la Justicia Federal y las causas que tramitaba el juez en lo Penal Económico, Javier López Bizcayart.

Las sospechas se concentraron en el ingreso de unos 64 millones de dólares que los contadores de Báez afirmaron que estaban originados en un fideicomiso constituido en Uruguay, denominado FITA y cuyos fondos provenían de Curazao y Belice. El dinero, de acuerdo a la versión de Báez, se había originado gracias a una mediación que declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.

Pero los investigadores verificaron que la sociedad de Curazao estaba inactiva. Se trata de una empresa de responsabilidad limitada (“Naamloze Vennootschap” o “NV”, en neerlandés). La firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe más.

El fideicomiso uruguayo FITA 2009 tampoco se encontraba registrado ante el Banco Central de Uruguay (BCU) como lo impone la legislación local.

Los dos nombres vinculados a ese fideicomiso establecieron que el flujo de fondos del FITA se anotaría «en un libro contable separado», lo que facilitaba su manipulación; ambos fallecieron, recuerda Hugo Alconada Mon en su libro “La Raíz”, donde señala que la inyección de fondos le permitió a Austral lucir saludable para acceder a préstamos oficiales del Banco Nación.

Llamó la atención de la AFIP, según conto Mecikovsky en el juicio, que uno de los proveedores de Austral era Constructora Patagónica, una empresa de Bahía Blanca cuyo negocio dependía en un 95 % de los que facturaba a Austral y que terminó por admitir ante la prensa y ante la AFIP que había emitido facturas truchas para beneficiar a Báez.

Y finalmente el otro declarado flujo de fondos misterioso, que permitió disponer de ese dinero en blanco, es un préstamo declarado por Báez de Helvetic Service Group. Se trata de una firma radicada en Suiza, cuyo responsable es Néstor Marcelo Ramos, que tiene pedido de captura y es investigado por lavado de dinero de magnates chavistas venezolanos y políticos italianos.

El primer asunto que puso a la AFIP sobre la pista de Báez fue el caso de una de sus empresas más antiguas, Badial Construcciones, que estaba haciendo una construcción en El Calafate. La AFIP peinaba a los que estaban invirtiendo en obras con fondos retirados del corralito. Así dieron con Badial y sus millones. La AFIP quiso saber el origen de los fondos y en 2013 Báez explicó que el dinero llegó en valijas desde Uruguay. Algunas en avión. Otras en buques. Y de allí se llevaba el efectivo a Río Gallegos, donde se depositaba en bancos. Eran más de 1,8 millones de pesos recibidos de la firma uruguaya controlante de Badial, Reloway Company SA, que no tenía justificativos formales más que el relato acerca de que los traía desde Montevideo un uruguayo llamado Carlos Adrián Calvo López.

Mecikovsky recordó en el juicio esta semana una escena en la que su entonces jefe, el titular de la DGI, Rubén Ángel Toninelli, le dio unos papeles que dijo venían “de la Rosada”. Eran la explicación sobre el origen de los fondos, pero supuestamente esa información era falsa. La Justicia luego desechó las explicaciones de Badial sobre el origen de esos fondos.

Supuestamente ese préstamo era necesario para capitalizar Austral Construcciones para participar en las licitaciones de obras relacionadas con las represas patagónicas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Para la Justicia se trató de parte de una maniobra de lavado de dinero, que incluyó operaciones por 435 millones de pesos.

De este modo, esta justificación aparente para operaciones por unos 1300 millones de pesos es parte de lo que mira ahora la Justicia en el juicio contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez para determinar si se relaciona con los supuestos sobreprecios con las fueron adjudicadas las obras patagónicas. (Fuente: lanacion.com.ar)