El concejal Leonardo Roquel pide rebaja del 50% en la licencia de conducir en mayores de 71 años

La iniciativa del Edil UCR se discutió en la jornada en la Comisión de Transporte, Industria, Comercio y Asuntos Técnicos que él integra y por la cual, el profesor Roquel, está impulsando y promoviendo la modificación del Capítulo I - Artículo 2 referido a las ‘Licencias de Conducir’ de la Ordenanza 9835 ‘Tarifaria Municipal’ promulgada en diciembre del año pasado. 

En este sentido precisó: “Estoy pidiendo que aquellos contribuyentes que con 71 años de edad en adelante se ven en la obligación de renovar la licencia de conducir cada un año, plazo en que expira la validez de este documento, paguen solamente el 50 % (Cincuenta por ciento) del valor del trámite, ya que el costo de la renovación cada doce meses termina siendo en definitiva mucho más elevado que el que abona el vecino que renueva su Licencia cada cinco años”.

Roquel señaló además que “para renovar la Licencia de Conducir la Municipalidad de Río Gallegos le exige en la actualidad a una persona adulto mayor, abonar un certificado nacional de antecedentes de tránsito (CENAT) expedido por la Agencia Nacional, con un valor de $1200 (mil doscientos pesos) como requisito obligatorio; más dos certificados municipales, Libre de Deuda Fiscal y Libre de Infracciones; y además un arancel correspondiente a la entrega del plástico/licencia. Si  comparamos el gasto económico que el Gobierno Comunal le ocasiona a la categoría comprendida como ‘adulto de 71 años en adelante’, en relación al mismo trámite de renovación carnet categoría ‘B’ para personas de 21 a 65 años, que se renueva cada 5 años con exactamente los mismos requisitos, pero presentando los certificados una sola vez cada cinco años, podemos observar claramente  que en la sumatoria de los 5 (cinco) años  de la categoría ‘B’ adulto de 71 años en adelante, se triplica el gasto en la renovación de la licencia de conducir anual, mientras que resulta más económico la renovación cada 5 años, de categoría “B” para personas de 21 a 65 años, no siendo equitativo el monto abonado entre uno y otro, considerando además que lejos de poder beneficiar a quienes más lo necesitan, se ven directamente afectadas aquellas personas mayores únicamente por la condición de la edad, siendo un acto discriminatorio y hasta abusivo por parte del Estado” finalizó el Edil.