Qué dice el proyecto que modifica la Justicia, restituye a Sosa como Procurador, los argumentos, y qué facultades tendrá en Santa Cruz

El Gobierno de Santa Cruz, a través del vicegobernador Fabián Leguizamón, presentó en Cámara de Diputados el Proyecto de Ley N° 030/2025, que propone modificar la Ley N° 1600 y sus modificatorias, para restablecer la figura del  Procurador General del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El proyecto será tratado hoy lunes en sesión extraordinaria desde las 14 en la legislatura de Santa Cruz. 

Según el texto oficial, esta reforma busca "saldar una deuda histórica de la Provincia de Santa Cruz" y "restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional", en cumplimiento con los fallos firmes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que desde hace más de una década ordenaron la restitución del doctor Eduardo Emilio Sosa al frente del Ministerio Público.

Dentro de los argumentos, recuerda que el caso Sosa se remonta a mediados de los años noventa, cuando mediante la Ley 2404, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, se eliminó el cargo de Procurador General, lo que implicó la cesantía de Sosa sin causa ni proceso previo. Menciona que desde entonces, la Corte Suprema intervino en múltiples oportunidades, dictando fallos en 2009 y 2010 que ordenaron expresamente su restitución. Sin embargo, durante más de 20 años, la Provincia incumplió con esas sentencias, generando uno de los conflictos institucionales más prolongados de la historia judicial argentina reciente.

El contenido y alcance de la reforma

El proyecto  elevado "en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 119, inciso 3° de la Constitución Provincial", plantea una reestructuración integral del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, devolviendo rango institucional al cargo de Procurador General. Es decir, debe modificarse la Orgánica de la Justicia para que Sosa asuma este cargo. 

De acuerdo con el texto, el artículo 1° de la propuesta sustituye el inciso a) del artículo 2° de la Ley 1600, reincorporando al "Procurador General del Tribunal Superior de Justicia, al Agente Fiscal y al Defensor Público Oficial" como autoridades principales del Ministerio Público.

El artículo 2° modifica el régimen de subrogancias del Tribunal Superior de Justicia, determinando que el Procurador General será el primero en integrar el máximo tribunal en caso de vacancia, licencia o impedimento de alguno de sus miembros.

A su vez, el artículo 3° reemplaza el Capítulo I del Título Tercero de la ley vigente, otorgando al Procurador General la jefatura del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, con facultades de superintendencia, delegación de funciones y avocamiento directo sobre las tareas del Agente Fiscal y el Defensor Público Oficial.

Esto implica que el Procurador podrá reasumir atribuciones en cualquier momento, garantizando una línea jerárquica clara y una supervisión efectiva del funcionamiento del Ministerio Público.

Además, la reforma establece que el Agente Fiscal ante el TSJ deberá intervenir en todas las causas de jurisdicción originaria, en asuntos electorales, y en aquellos que afecten el orden público o la competencia del Tribunal, pudiendo también compeler a los fiscales inferiores a cumplir con los plazos procesales y promover una justicia más ágil.

Por su parte, el Defensor Público Oficial tendrá la responsabilidad de representar a menores, incapaces, ausentes y personas sin recursos, actuando de oficio o como patrocinante, y supervisando la labor del Ministerio Pupilar para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.

Finalmente, el artículo 73° establece que, en caso de ausencia o vacancia del Agente Fiscal o el Defensor Oficial, ambos podrán subrogarse entre sí o ser reemplazados por los funcionarios de Cámara, asegurando la continuidad institucional.

"Una reparación institucional y política"

En su fundamentación, el proyecto sostiene que el desplazamiento de Sosa configuró un "atropello institucional" y una "violación al principio republicano de división de poderes", al desconocer la autoridad del Poder Judicial Federal y los fallos de la Corte.

El texto destaca que "el atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado".

De esta forma, la restitución del cargo busca no solo reparar el perjuicio personal del doctor Sosa, sino restituir la legitimidad del Ministerio Público como órgano autónomo del Poder Judicial, con funciones claras de supervisión, control y defensa del interés público.

"Esta reforma otorga al Procurador General la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial", señala el proyecto, al tiempo que remarca que la intención del Gobierno es promover una Justicia que funcione eficazmente al servicio de la ciudadanía.

El significado político y judicial de la iniciativa

La propuesta presentada, indicaron,  tiene un profundo alcance institucional. No solo implica acatar un fallo judicial pendiente, sino también restablecer un equilibrio republicano alterado durante años.

Con esta medida, Santa Cruz se encamina a cerrar un capítulo de tensión con la Corte Suprema, al reconocer la vigencia de sus sentencias y reparar el vacío institucional generado por la desaparición de la Procuración General.

En el plano político, la iniciativa representa un gesto fuerte hacia la reconstrucción de la independencia del Poder Judicial, al reforzar las garantías de autonomía del Ministerio Público y su rol de contralor interno dentro del sistema judicial santacruceño.

Asimismo, la restitución del cargo de Procurador General reordena la jerarquía interna del Tribunal Superior de Justicia, permitiendo una mayor coherencia institucional y la recuperación de una figura clave en la administración de justicia.

De aprobarse el proyecto, Santa Cruz no solo cumpliría con los fallos de la Corte Suprema, sino que recuperaría una estructura judicial alineada con los principios constitucionales de independencia, equilibrio y control, fortaleciendo la legitimidad democrática del sistema judicial provincial.