Santa Cruz amplía el crédito para empresas y crea una línea para cancelar deudas: qué es la "Línea Rescate"

El Gobierno de Santa Cruz anunció nuevas medidas de asistencia financiera para empresas y comercios de la provincia, con cambios en las condiciones de acceso al crédito y la creación de una línea específica para afrontar deudas acumuladas.

El secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, explicó que las modificaciones buscan facilitar el acceso al financiamiento de empresas que quedaron fuera del sistema bancario tradicional debido a su situación crediticia.

Créditos de hasta $70 millones y tasas más bajas

Según informó el funcionario, la Provincia modificó los requisitos de sus líneas de financiamiento y habilitó un esquema de garantías reforzadas para empresas que presentan dificultades ante la Central de Deudores.

Con los cambios, la línea inicial elevó su monto máximo de $10 millones a $40 millones, mientras que la tasa de interés bajó del 25% al 10%.

En paralelo, la línea destinada a recuperación productiva pasó de un máximo de $20 millones a $70 millones, con una tasa fijada en el 12%.

El objetivo planteado por la Provincia es ampliar el acceso al crédito en un contexto en el que parte del sector comercial y productivo enfrenta dificultades para obtener financiamiento por las condiciones del sistema bancario.

Qué es la "Línea Rescate"

Una de las principales novedades es la creación de la denominada "Línea Rescate", destinada específicamente a empresas que necesitan regularizar deudas.

El nuevo instrumento contempla créditos de hasta $20 millones, a devolver en 24 cuotas, con una tasa nominal anual del 10%. Los fondos podrán utilizarse para cancelar obligaciones impositivas, tributarias y tarifarias acumuladas.

De acuerdo con la explicación oficial, la medida apunta particularmente a cubrir obligaciones frente a organismos nacionales y empresas prestadoras de servicios, ante la falta de nuevos mecanismos de financiación o planes de pago que el Gobierno provincial considera necesarios.

Las nuevas herramientas se suman a la reglamentación de la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME, que durante 2026 incorporó mecanismos de regularización de deudas y suspensión de embargos fiscales para empresas que cumplen con los requisitos establecidos.

El Gobierno prepara un "inspector digital"

La agenda anunciada por la Secretaría de Comercio e Industria también incluye una modificación normativa vinculada al crecimiento de las ventas por internet.

Lunzevich anticipó que el Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto para crear las figuras del inspector virtual y el inspector digital, con el objetivo de ampliar los mecanismos de fiscalización sobre las operaciones comerciales realizadas mediante plataformas digitales.

Según explicó el funcionario, la intención es supervisar esos canales de venta y aplicar criterios de protección al consumidor y lealtad comercial similares a los existentes para los comercios establecidos.

La propuesta todavía deberá ser presentada y analizada por la Cámara de Diputados, por lo que su implementación dependerá del tratamiento legislativo correspondiente.