Santa Cruz registró 10 víctimas en causas por femicidio entre 2017 y 2024, según la Corte Suprema

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), presentado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualizó sus datos correspondientes al período 2017-2024.
En total, se contabilizaron 2.145 víctimas en causas judiciales por femicidio: 1.958 fueron víctimas directas y 187 correspondieron a femicidios vinculados.

El informe -que recopila información de todas las jurisdicciones del país- también destaca que las víctimas directas de femicidio tenían a su cargo 1.685 niñas, niños y adolescentes, quienes quedaron sin sus madres como consecuencia de la violencia de género más extrema.

Santa Cruz: ocho femicidios y dos casos vinculados

En el caso de la provincia de Santa Cruz, el registro arroja un total de 10 víctimas en causas por femicidio.
Según los datos oficiales del tablero interactivo del RNFJA, ocho de las víctimas fueron directas (todas mujeres cis), mientras que dos fueron casos de femicidio vinculado, donde las víctimas fueron asesinadas por estar relacionadas con la persona atacada o por intentar defenderla.

El informe además señala que al menos 10 niñas, niños y adolescentes quedaron a cargo de las víctimas directas en la provincia, evidenciando el profundo impacto social y familiar que deja cada hecho de violencia letal.

Un fenómeno persistente en todo el país

A nivel nacional, los datos revelan que el 67% de las víctimas de femicidios vinculados son varones cis, generalmente familiares o allegados que intentaron intervenir para proteger a las mujeres o que fueron asesinados para causar mayor daño emocional a la víctima principal. El 33% restante son mujeres cis.

Desde la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema, se remarcó que este registro busca visibilizar la violencia por razones de género, fortalecer las políticas públicas de prevención y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

En Santa Cruz, las cifras reafirman la urgencia de profundizar las políticas de acompañamiento, asistencia y prevención, especialmente en zonas con menor acceso a recursos institucionales y judiciales.

"Cada número representa una vida arrebatada y una familia devastada. El desafío está en transformar los datos en acciones concretas", concluye el documento nacional.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)