Sesión secreta en Diputados: la Asociación de Abogados pidió respetar la Constitución en Santa Cruz y recordó el caso Sosa
La Asociación de Abogados de Río Gallegos emitió un comunicado en el que exhorta a los tres poderes del Estado a actuar dentro de los límites que marca la Constitución Provincial. El pronunciamiento surge tras los recientes conflictos institucionales en Santa Cruz, con críticas al fallo del juez Bersanelli y referencias a antecedentes que, según la entidad, erosionaron la confianza pública en la justicia.
La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por los hechos de dominio público que, según señalaron, "ponen en crisis la institucionalidad de Santa Cruz".
En ese marco, instaron a los tres poderes del Estado a "ajustar su actuación a los límites marcados por la Constitución Provincial y los principios republicanos y democráticos de Gobierno".
Cuestionamientos al fallo del juez Bersanelli
El texto enfatiza que las decisiones judiciales deben cumplirse mientras no sean revocadas, incluso cuando se las considere equivocadas. Sin embargo, la Asociación advirtió que la medida tomada por el juez de Primera Instancia, Dr. Bersanelli, fue objetada por "excederse en su competencia", al involucrarse en cuestiones propias de los poderes Legislativo y Ejecutivo "sin que se advierta inconstitucionalidad o ilegalidad manifiesta".
"Aun cuando existan excesos en la función jurisdiccional, estos deben revisarse institucionalmente", subrayaron.
Antecedentes y advertencias sobre la institucionalidad
El comunicado también recordó casos previos que, a juicio de la entidad, profundizaron la crisis de confianza ciudadana en el Poder Judicial. Entre ellos mencionaron la remoción inconstitucional del ex procurador Eduardo Sosa, así como la designación de Ariel Basanta en el Tribunal Superior pese a no reunir los requisitos exigidos para el cargo.
"La desobediencia entre poderes o la adopción de medidas manifiestamente irregulares compromete la legalidad de los actos y lesiona la confianza pública", remarcaron. Finalmente, la Asociación exhortó a que los conflictos se reconduzcan "exclusivamente por carriles legales, garantizando la legitimidad de las autoridades y la vigencia del Estado de Derecho".
Sesión
La Cámara de Diputados se reunió este jueves 25 de septiembre a las 9:00 en Río Gallegos para tratar un único tema: la designación de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La convocatoria generó debate político, no solo por el carácter secreto de la sesión, sino también por la medida cautelar vigente que ordenaba frenar el proceso.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, plantea la ampliación del TSJ, lo que despertó críticas de sectores opositores y sindicales que consideran que la maniobra busca garantizar un control político sobre la Justicia.
La notificación judicial
La jueza Marcela Quintana, a cargo del Juzgado de Instrucción N°1, remitió un oficio a la Cámara de Diputados notificando que se encuentra vigente una medida cautelar dispuesta en otra causa vinculada a la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.
De este modo, el cuerpo legislativo fue formalmente advertido de que no puede avanzar en la designación de vocales sin incumplir la manda judicial.
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