Un informe nacional revela que Santa Cruz no registra detenidos por corrupción

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura informó que Santa Cruz y Formosa son las únicas provincias del país sin personas detenidas por delitos de corrupción. 

El dato surge del relevamiento de la población carcelaria y vuelve a poner en discusión el funcionamiento del sistema judicial provincial. 

Funcionarios del Gobierno de Santa Cruz ya habían advertido públicamente sobre la falta de respuestas judiciales ante hechos graves vinculados al ejercicio del poder.

Un informe oficial del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reveló un dato que vuelve a ubicar al sistema judicial santacruceño en el centro del debate institucional. 

Según el relevamiento, Santa Cruz y Formosa son las únicas dos provincias del país que no registran personas detenidas por delitos contra la administración pública, como corrupción, cohecho, malversación de fondos o abuso de autoridad.

En el caso de Santa Cruz, el dato es categórico. De las 423 personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos penitenciarios provinciales, ninguna se encuentra detenida por este tipo de delitos. El informe no señala la inexistencia de hechos investigables, sino que se limita a exponer la composición de la población carcelaria en cada jurisdicción.

La cifra adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta que la provincia fue gobernada directa o indirectamente por el kirchnerismo durante casi tres décadas, un período atravesado por denuncias vinculadas a la obra pública, el manejo de fondos, las regalías y la administración del Estado.

El contraste con otras jurisdicciones

El informe del CNPT muestra un contraste marcado con el resto del país. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking nacional con más de 1.300 personas detenidas por delitos contra la administración pública, lo que representa el 53,8 por ciento del total nacional.

Le siguen Córdoba, con 282 casos; Santa Fe, con 272; y el ámbito federal, con 199 personas privadas de la libertad por este tipo de causas. Otras provincias como Mendoza, Entre Ríos, Salta y Río Negro también presentan cifras significativas.

En ese mapa nacional, Santa Cruz y Formosa aparecen como una excepción absoluta, con un registro de cero personas detenidas por corrupción, según los datos oficiales relevados por el organismo nacional.

Cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial

Este escenario volvió a poner el foco en el funcionamiento del Poder Judicial de Santa Cruz. De acuerdo a lo expuesto en el informe, durante años jueces, fiscales y camaristas accedieron a sus cargos en el marco de gobiernos kirchneristas, mediante designaciones y ascensos que fueron cuestionados públicamente por su falta de transparencia y por su alineamiento político con el poder de turno.

En ese contexto, numerosas causas consideradas sensibles no avanzaron, se fragmentaron o prescribieron, sin llegar a instancias de juicio ni generar responsabilidades penales. La ausencia total de personas detenidas por corrupción, señala el documento, no implica la inexistencia de hechos, sino que expone una dinámica institucional en la que las investigaciones contra el poder político no prosperaron.

El informe del CNPT no emite juicios de valor ni atribuye responsabilidades concretas, pero los datos presentados abren interrogantes sobre la efectividad y la independencia del sistema penal en determinadas jurisdicciones. En Santa Cruz, este debate fue señalado públicamente hace cerca de un mes por el gobernador Claudio Vidal, quien cuestionó el rol de una Justicia que, según expresó, durante años no dio respuestas frente a hechos graves vinculados al ejercicio del poder.

Sin afirmar culpabilidades ni anticipar conclusiones judiciales, los números oficiales exhiben una anomalía estructural. Funcionarios provinciales advirtieron que cuando el sistema penal no investiga ni sanciona de manera consistente los delitos cometidos desde el Estado, la discusión deja de ser estadística y pasa a ser institucional, poniendo en debate la credibilidad de la Justicia y la igualdad ante la ley.