Un juez de Santa Cruz ordenó a directivos a denunciar amenazas en escuelas, incluso en redes sociales y resguardar pruebas
La Justicia de El Calafate ordenó a escuelas denunciar amenazas sin excepción; hay cuatro causas por hechos en instituciones locales.
El juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Albarracín, dispuso mediante un oficio formal enviado a todos los establecimientos educativos de la localidad una serie de pautas obligatorias frente a hechos de amenazas o intimidación.
La medida surge en un contexto de creciente preocupación por situaciones vinculadas a posibles hechos de violencia en escuelas, incluyendo menciones a "tiroteos" o episodios similares, tanto dentro de las instituciones como en redes sociales.
El magistrado dejó en claro que los equipos directivos no deben minimizar este tipo de casos, ya que pueden constituir delitos penales y requieren intervención inmediata de las autoridades competentes.
Qué se considera amenaza y cómo actuar
El documento judicial establece que debe considerarse como amenaza relevante cualquier manifestación, directa o indirecta, que haga referencia a posibles hechos de violencia armada en el ámbito escolar.
Esto incluye mensajes difundidos en plataformas como WhatsApp, Instagram o TikTok, notas escritas -incluso anónimas-, comentarios verbales realizados por estudiantes o terceros, y la circulación de imágenes de armas asociadas a instituciones educativas.
En ese sentido, se indica que toda situación debe presumirse como verosímil hasta que sea descartada por las autoridades correspondientes, evitando cualquier subestimación inicial.
Asimismo, el juez ordenó que, ante la detección o conocimiento de un hecho de estas características, se debe dar aviso inmediato a la dependencia policial más cercana -ya sea Comisaría o DDI-, al Juzgado de Instrucción y a la Fiscalía.
Preservación de pruebas y medidas preventivas
Otro de los puntos centrales del oficio es la preservación de la evidencia. Las instituciones deberán resguardar de manera íntegra todos los elementos disponibles, como capturas de pantalla, mensajes originales y cualquier otro material que permita avanzar en la identificación de posibles responsables.
Además, se establece que las autoridades escolares deben abstenerse de difundir información no verificada, a fin de evitar generar alarma innecesaria o confusión en la comunidad educativa.
En paralelo, deberán implementarse medidas preventivas dentro de los establecimientos. Entre ellas se incluyen el control y restricción de accesos y, en situaciones de mayor riesgo, la posibilidad de suspender actividades escolares de manera temporal.
Intervención integral y marco legal
El oficio también dispone la articulación con equipos de orientación escolar y con la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SEMNAF), con el objetivo de brindar contención y un abordaje integral a los estudiantes involucrados en este tipo de situaciones.
Desde el punto de vista legal, el magistrado explicó que estas conductas pueden encuadrarse en los delitos contemplados en el Código Penal, específicamente en los artículos 149 bis (amenazas) y 211 (intimidación pública), lo que refuerza la necesidad de actuar con celeridad.
Cuatro causas en trámite en la ciudad
Actualmente, el Juzgado de Instrucción de El Calafate tiene en curso cuatro causas vinculadas a hechos de amenazas o intimidación en instituciones educativas.
Según se informó, los casos se originaron en tres escuelas secundarias y una primaria de la localidad, lo que encendió las alertas y motivó la intervención directa de la Justicia.
Con esta medida, se busca fortalecer la prevención, unificar criterios de actuación y garantizar respuestas rápidas ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad dentro de las escuelas.(Señal Calafate)
