Un sindicato podría acudir a la justicia: ¿es constitucional la ley que limita protestas escolares en Santa Cruz?

AMET también marcó su repudio y rechazo al proyecto oficialista, que propone limitar las protestas ruidosas en las cercanías de instituciones educativas, y habilita la intervención de fuerzas de seguridad, el cual fue ayer publicado por El Diario Nuevo Día.

"No vemos que sea la solución a los conflictos que se puedan llegar a plantear, sean laborales, edilicios o salariales", indicaron a El Diario Nuevo Día

"Desde AMET siempre se han hecho presentaciones formales ante cualquier pedido por algún problema, y siempre, la última instancia, fue una medida de fuerza y de acción directa", recordó Gustavo Basiglio, secretario General de AMET.

Añadió que "el diálogo y buena fe de las personas hacen que no sea una herramienta necesaria de convivencia un proyecto planteado por el oficialismo", y que  "en caso de avanzar el proyecto, el sindicato podría acudir a la justicia".

El proyecto ya tuvo el rechazo de ADOSAC, y se presenta justamente cuando hubo un reclamo de estudiantes , docentes y padres en la Escuela 45 de Pico Truncado. 

La norma en cuestión, aún en análisis legislativo, establece sanciones para protestas que generen ruidos molestos -como bombos, altoparlantes o megáfonos- a menos de 200 metros de las escuelas durante el dictado de clases. Sin embargo, para Basiglio y los equipos legales del gremio, la redacción es excesivamente amplia y ambigua, y podría ser usada para restringir derechos constitucionales.

"La ley viola el derecho a la libertad de expresión, a peticionar ante las autoridades, a la protesta pacífica y a la libertad sindical", expresaron. El documento también señala que la normativa entra en contradicción directa con el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos defensores del derecho a la protesta y la reunión pacífica.

Además, AMET advierte sobre la posibilidad de que la ley tenga efectos represivos: "La inclusión de conceptos vagos como ‘interferencia ideológica o política', la habilitación de fuerzas de seguridad y la imposición de multas desproporcionadas permiten una aplicación arbitraria y pueden desalentar la protesta legítima", argumentan.

El gremio remarcó que, en lugar de sancionar a quienes se manifiestan por mejores condiciones laborales o edilicias, las autoridades deberían priorizar inversiones en infraestructura, calefacción y salarios dignos. "Penalizar protestas que buscan defender la educación pública contradice incluso el espíritu participativo y democrático de la propia Ley Nacional de Educación", sostienen.

Cabe destacar que este recurso se inscribe en un contexto de fuerte tensión entre sectores sindicales y el Gobierno provincial, que defiende la propuesta como una medida para "garantizar el derecho de los alumnos a estudiar sin interrupciones". Sin embargo, para AMET, esa premisa no justifica la supresión de derechos fundamentales.