Viales piden al Congreso que derogue definitivamente el DNU que disuelve Vialidad Nacional y se encuentra en pausa por un fallo de la Justicia

En un comunicado dirigido a la Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) solicitó que se rechace y derogue el decreto presidencial 461/25, que dispone el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El pedido, firmado por la secretaria general Graciela Aleñá, fue presentado ante el diputado Oscar Zago, presidente de la comisión bicameral. En el documento, el sindicato alerta que el decreto "carece de sustento técnico" y "no designa a ningún organismo que asuma las funciones estratégicas que actualmente cumple Vialidad".

"Este decreto pone en riesgo el futuro de más de 5200 trabajadores y trabajadoras", advierte el gremio, y sostiene que "la disolución está basada en informes apócrifos del Ministerio de Desregulación".

Un organismo con 93 años de historia en peligro

Desde STVyARA recordaron que la Dirección Nacional de Vialidad es un organismo descentralizado con casi un siglo de trayectoria, encargado del mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y que garantiza la conectividad territorial en todo el país. "Es la única autoridad técnica capaz de planificar, ejecutar y controlar obras viales sin favoritismos ni especulación electoral", enfatizaron.

"El cierre del organismo representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición del concepto de Patria", manifestaron desde el sindicato en un documento que también fue difundido por redes sociales.

En sus plataformas digitales, la organización sindical expresó: " Vialidad no se entrega: se construye y se defiende con trabajo, no con decretos arbitrarios".

Riesgo laboral y vacío institucional

Además de la preocupación por los empleos en riesgo, el sindicato advirtió que el decreto omite detallar quiénes llevarán adelante las tareas que realizaba la DNV, qué ocurrirá con su personal calificado y cómo se financiará la continuidad de las obras públicas. "El decreto no menciona el destino de sus fuentes ni su personal. Solo transfiere bienes muebles e inmuebles a la AABE", alertaron.

Aunque la Justicia resolvió frenar momentáneamente el decreto mediante una medida cautelar, desde el gremio insisten en que el Congreso debe actuar: "Solicitamos al Congreso Nacional que garantice por vía legislativa la continuidad institucional de Vialidad Nacional y declare la invalidez del DNU".

(El Diario Nuevo Día)