YCRT: sigue abierta la privatización parcial y hay USD 120 millones en juego

La posibilidad de incorporar capital privado a Yacimientos Carboníferos Río Turbio sigue vigente en 2026, aunque el esquema autorizado por el Congreso impide que el Estado nacional pierda el control de la empresa santacruceña.

La Ley Bases declaró al complejo carbonífero, ferroviario, portuario y energético de YCRT "sujeto a privatización". Sin embargo, el artículo 9 estableció una condición específica: únicamente puede implementarse un programa de propiedad participada e incorporarse capital privado, mientras el Estado conserve el control o la participación mayoritaria.

En otras palabras, con la legislación actual YCRT no puede ser vendida completamente al sector privado. La discusión pasa por cuánto capital privado ingresará, bajo qué condiciones y qué participación tendrán eventualmente los trabajadores.

YCRT, el 51% estatal y una transformación que todavía no terminó

El Gobierno nacional dio el primer paso en febrero de 2025 mediante el Decreto 115/2025, que ordenó transformar YCRT en Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima.

La norma dispuso inicialmente que la totalidad de las acciones estatales quedara representada en un 95% por la Secretaría de Energía y un 5% por la Secretaría de Minería. También transfirió a la nueva sociedad los bienes, activos, instalaciones y recursos relacionados con el complejo minero, ferroviario, portuario y energético.

En agosto de 2025, el Ministerio de Economía instruyó formalmente a ambas secretarías a constituir Carboeléctrica, designar sus autoridades e integrar un capital social inicial de $30 millones.

Sin embargo, más de un año después el proceso todavía no está completamente terminado.

A comienzos de agosto de 2026, el interventor Pablo Gordillo Arriagada explicó que faltaba la designación del directorio y que, mientras eso no ocurriera, la empresa continuaría funcionando bajo la denominación y estructura de YCRT.

El 4 de septiembre volvió a anticipar que el esquema futuro tendrá mayoría estatal y participación privada y de los trabajadores. Según Gordillo, el objetivo es que el Estado conserve el 51%.

La distribución 51% Estado, 39% privados y 10% trabajadores fue elevada anteriormente por la intervención como propuesta a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Hasta el momento, no aparece publicada una norma definitiva que haya concretado esa distribución accionaria.

La propuesta de USD 120 millones y quién está interesado en YCRT

Durante 2026 apareció un elemento que aceleró el debate: YCRT recibió iniciativas privadas de inversión.

Una de ellas ronda los USD 120 millones y comprende las cuatro unidades productivas de la empresa. Gordillo confirmó que la propuesta se encuentra bajo análisis junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. También existe otra iniciativa enfocada específicamente en la central térmica de 240 MW.

La oferta de USD 120 millones fue presentada por Energy Commodities Group, la misma empresa con la que YCRT cerró posteriormente un contrato para vender 210.000 toneladas de carbón, equivalentes a unos siete embarques.

Ese vínculo es relevante, pero no significa que la empresa ya se haya convertido en accionista de YCRT ni que tenga adjudicada una parte del complejo.

La intervención había explicado en abril que una iniciativa privada funciona como una propuesta inicial que, de ser considerada de interés público por el Ministerio de Economía, puede dar lugar posteriormente a un procedimiento abierto a otros inversores. Es decir, los USD 120 millones constituyen una propuesta de inversión en evaluación, no una privatización ya adjudicada.

El acuerdo comercial con la firma estadounidense también enfrenta un desafío concreto. Los primeros embarques estaban previstos desde septiembre, pero durante agosto Gordillo reconoció dificultades para trasladar el carbón desde Río Turbio hasta Punta Loyola debido al estado del sistema ferroviario y las locomotoras.

La logística es justamente uno de los puntos críticos del futuro de la compañía: sin capacidad para trasladar regularmente el carbón hacia el puerto, se dificulta sostener contratos de exportación a gran escala.

Por qué Nación sigue buscando capital privado y qué falta ahora

Los números presupuestarios ayudan a explicar por qué la búsqueda de inversión continúa.

El Ministerio de Economía aprobó en agosto el presupuesto 2026 de YCRT. La resolución oficial estimó apenas $342,6 millones de ingresos operativos frente a $128.104 millones de gastos de operación, lo que arroja una pérdida operativa proyectada de $127.761 millones.

El esquema se sostiene principalmente mediante transferencias estatales: los ingresos corrientes previstos alcanzan los $135.342 millones. Además, el presupuesto aprobado establece cero pesos de gastos de capital, un dato especialmente relevante para una empresa que necesita inversiones en mina, ferrocarril, puerto y generación eléctrica.

En paralelo, Santa Cruz comenzó a discutir financiamiento provincial para obras relacionadas con la recuperación ferroviaria y la generación energética de la Cuenca Carbonífera. El gobernador Claudio Vidal acordó durante 2026 incorporar esas inversiones dentro de su esquema de financiamiento estratégico provincial.

También existe un frente laboral. La Justicia declaró inconstitucionales los artículos 8 y 9 del Decreto 115/2025, que pretendían pasar al personal al régimen laboral privado y establecer una nueva negociación colectiva. La Cámara confirmó el fallo y posteriormente fueron rechazados recursos extraordinarios presentados contra esa decisión.

Ese pronunciamiento judicial protege el convenio colectivo y las condiciones laborales discutidas en esos artículos, pero no eliminó el artículo 9 de la Ley Bases que declaró a YCRT sujeta a privatización ni anuló el artículo del decreto que ordenó crear Carboeléctrica Río Turbio S.A.

Por eso, a septiembre de 2026, la respuesta es concreta: la privatización parcial de YCRT sigue legalmente habilitada y forma parte de la hoja de ruta nacional, pero todavía no existe una venta accionaria adjudicada ni una fecha formal para concretarla.

Infobae ubicó a YCRT entre los procesos que el Gobierno pretende hacer avanzar durante 2026, aunque sin calendario preciso. Desde la propia empresa, en tanto, Gordillo aseguró esta semana que la transformación hacia una sociedad anónima con mayoría estatal sigue adelante y que finalizará la etapa de intervención cuando quede conformado el directorio.

Los próximos pasos que permitirán saber si el ingreso privado efectivamente se concreta serán la constitución definitiva de Carboeléctrica Río Turbio S.A., la designación de sus autoridades, la definición del esquema accionario y, eventualmente, la apertura del procedimiento para seleccionar inversores.

Mientras tanto, la propuesta de USD 120 millones continúa siendo el interés privado más concreto conocido públicamente sobre un complejo que incluye la mina, la infraestructura ferroviaria y portuaria y la generación de energía en la Cuenca Carbonífera. (Fuente: El Diario Nuevo Día)