Avanza la causa contra Macri por las offshore

La Justicia investiga los movimientos de Santiago Lussich
Torrendell, el contador uruguayo contratado por los Macri para el armado de una
de sus sociedades offshore, Fleg Trading Ltd.

La existencia de esta firma, en la que Mauricio Macri figuró
como director y vicepresidente, se conoció por los Panamá Papers, una
filtración de más de once millones de archivos vinculados con sociedades
offshore que involucran a por lo menos 140 políticos y funcionarios de todo el
mundo.

LA NACION reveló la vinculación del Presidente con esta
firma y la Justicia abrió una causa para determinar si Mauricio Macri omitió de
modo malicioso declararla o cometió algún otro delito vinculado con la vida
societaria de la firma.

En este expediente, el juez fiscal federal Federico Delgado
y el fiscal federal Sebastián Casanello investigan a Lussich, aparente
intermediario de los Macri con el estudio Mossack Fonseca, un agente panameño
especializado en crear sociedades en paraísos fiscales alrededor del mundo.

Los Panamá Papers son filtraciones de información vinculada
a las firmas creadas por Mossack Fonseca; entre ellas, Fleg Trading Ltd, de la
familia presidencial.

A propuesta del fiscal, Casanello pidió ayer que se hiciera
una consulta a los registros de la Dirección Nacional de Migraciones a los
efectos de obtener los movimientos migratorios de Lussich Torrendell. Es el
primer paso para determinar contactos de este contador en la Argentina.

Fleg Trading Ltd. se constituyó el 31 de marzo de 1998 en
Bahamas con acciones al portador. Se abrió vía Uruguay, con un capital inicial
de 5000 dólares.

Ayer, el juez solicitó además que se requiriera a "las
empresas telefónicas de todo el país" que informaran "con carácter de
muy urgente" con qué teléfonos locales mantuvo comunicaciones una línea
telefónica de Uruguay correspondiente a un estudio uruguayo al que estuvo
ligado Lussich Torrendell.

Esta medida se suma a una larga lista de pedidos de informes
y opiniones técnicas que el juez hizo en la causa a organismos públicos tales
como la AFIP, la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia.
Esos informes fueron solicitados por Casanello el lunes pasado, a propuesta de
la Procuraduría Nacional de Investigaciones Administrativas. (La Nación)