La Justicia rechazo un amparo para suspender el juicio político a Carlos Fayt

La jueza subrogante en lo contencioso administrativo federalMacarena
Marra Giménezrechazó un pedido de diputados nacionales opositores
para suspender el proceso iniciado por laComisión de Juicio Político
de la Cámara de Diputadoscontra el magistrado de laCorte
Suprema de Justicia Carlos Fayt.

Se trata de un amparo que 13 diputados de la oposición, entre ellosMario
Negri, Federico Pinedo, Fernando Sánchez, Graciela Camaño y Pablo Tonelli,
presentaron para suspender el proceso contra Fayt y para que se declare la
inconstitucionalidad del procedimiento al entender que la Comisión violó el
reglamento.

La jueza Marra
Giménez rechazó "in limine" (sin tratar el fondo del pedido)el
amparo porque entendió que los diputados no tienen legitimación para reclamar
por la situación de Fayt.FacebookTwitter

La magistrada sostuvo que "quien acciona debe demostrar la
existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados lo
afecten de manera directa o sustancial, concreta o inmediata" y señaló que en
este caso ôno existe legitimación de los actores, sea en el específico carácter
de diputados nacionales o, bien, en su condición de ciudadanos"

"En cuanto al carácter de diputados nacionales, la carencia de
legitimación aparece nítida porque tal calidad solo los habilita para actuar
como tales en el ámbito que integran y con el alcance otorgado por tal función
por la Constitución Nacional", explicó la jueza.

Para la magistrada "el legislador no tendría legitimación activa
cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición
de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de
las mayorías y minorías respectivas".

Los diputados de la oposición apelaron el fallo para que sea revocado
por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y criticaron la
resolución de la jueza.

Los legisladores sostuvieron que "si los ciudadanos no pueden
exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional, si tampoco pueden hacerlo
sus representantes, los Diputados de la Nación, ¿quién tiene legitimación
activa para exigir el respeto irrestricto de la norma que nos define como
Nación, como Estado y como comunidad política? Nada más arbitrario y peligroso
para nuestra democracia constitucional que la lista y llana denegación del
acceso a la justicia".