La pérdida de credibilidad para Alberto Fernández, principal peligro político que percibe el Gobierno por los sobreprecios de Arroyo

La explicación del ministro no terminó de alejar las sospechas. En medio de críticas internas, el Gobierno ve el riesgo de erosionar el consenso social.

No puede haber peor "timing" posible: para un gobierno que afronta simultáneamente una crisis sanitaria, económica, social y financiera, sumar sospechas de corrupción es un golpe muy difícil de absorber. Tanto más si las acusaciones vienen desde sectores afines a la propia coalición gobernante.



Y es lo que le está pasando en este momento a Alberto Fernández con los sobreprecios en los alimentos que compra el ministerio de Desarrollo Social. Una situación con potencial de transformarse en escándalo y de escalar a crisis política y que mina uno de los activos más importantes que el presidente ha logrado el presidente: la credibilidad y el apoyo popular por encima de diferencias partidarias.



Este tipo de incidentes, así se trate de errores de gestión o de actos achacables a corrupción, pueden tener un efecto devastador en este momento, porque cualquier conato de descontento social puede quebrar la frágil cuarentena. Lo sabe bien Alberto Fernández, que el pasado fin de semana se vio obligado a sobreactuar la indignación para despegarse del caos provocado el día del pago a los jubilados.



No hubo renuncias En el Banco Central ni en la Anses, pero se dejó trascender que el presidente se había enojado y había retado a los funcionarios involucrados, así como a la dirigencia del sindicato bancario.



Y esta vez, Alberto Fernández volvió a sentirse en la necesidad de salir rápidamente a corregir un error. Si bien cargó tintas contra los empresarios que participaron en las licitaciones y habló sobre "cartelización", también terminó reconociendo que hubo errores. No por casualidad dijo, al ser entrevistado en TN, que había ordenado una investigación para determinar si había ocurrido una situación de corrupción, y además aclaró que los alimentos todavía no fueron pagados y que él no autorizará que el Estado ponga más dinero que el indicado por los precios de referencia. 



Lo cierto es que ahora las miradas se posan sobre Daniel Arroyo, hasta ahora uno de los funcionarios con más visibilidad y mejor imagen en el gabinete, que de pronto aparece en la incómoda situación de sufrir cuestionamientos desde "fuego amigo". Algunas de las acusaciones, a cargo de personalidades de alto perfil, como Juan Grabois, que garantiza que el tema pase a ser un trending topic de las redes sociales.



El raid mediático del ministro, con un intento de desmentida de las acusaciones que terminó teniendo algo de efecto boomerang, dejó en claro que hay problemas justo en el peor momento.



Para empezar, ninguna de las aclaraciones realizadas por Arroyo logró tapar el hecho fundamental: que se compró con sobreprecios en una licitación estatal.



La explicación de que eso había ocurrido porque la asistencia de personas a comedores y merenderos pasó de 8 a 11 millones y que en atención a esa urgencia se había decidido convalidar precios mayores a los de referencia para rubros como aceite y azúcar no sólo resulta dudosa, sino que da por tierra con uno de las consignas de cabecera del gobierno: que en una emergencia como la actual el Estado resuelve las cosas mejor que el mercado.



Por lo pronto, hubo productores mayoristas de alimentos que estimaron que el costo de la compra para el Estado debió haber sido de $350 millones menos.



Y el propio ministro, en sus entrevistas televisivas, terminó reconociendo la posibilidad de corregir ineficiencias en los procesos licitatorios, como por ejemplo prescindir de la intermediación de distribuidores y pasar a realizar la compra directa a los fabricantes.



Por otra parte, la casi confesión de parte del ministro en el sentido de que hay cuellos de botella en la oferta y que resulta difícil sostener el precio oficial da también argumentos a quienes señalan la inconveniencia de intervenir los precios en momentos de crisis.



Sea cual sea la resolución del episodio, al gobierno le debe haber activado los anticuerpos: la acumulación de este tipo de incidentes puede erosionar la credibilidad, el único activo que hasta ahora no escaseaba. (Iprofesional.com)


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