Fuerte consenso en el dictamen de adhesión de Ciudad a la ley de cannabis medicinal

"Estamos priorizando por sobre la discusión político-partidaria la ampliación de derechos”, aseguró la legisladora del Frente de Todos, María Rosa Muiños, autora de uno de los proyectos que obtuvo el consenso.

"Es una novedad en el medio de la pandemia que hayamos logrado este acuerdo", sintetizó la legisladora porteña del Frente de Todos, María Rosa Muiños sobre el dictamen que obtuvo el miércoles el proyecto de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la Ley Nacional de cannabis medicinal.



La iniciativa logró el apoyo de los legisladores que integran las comisiones de Salud y Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se complementó con otro proyecto presentado por un diputado de otra fuerza; el legislador de UCR-Evolución, Leandro Halperín, propone un marco regulatorio para el acceso informado y seguro, la investigación, el uso científico y la producción pública del cannabis y sus derivados como recurso terapéutico en el ámbito de la Ciudad.



"Había habido otros proyectos anteriores, que perdieron estado parlamentario. Esta vez buscamos el consenso y creemos que podría ser tratado y aprobado el próximo jueves o el siguiente ya que los legisladores nos estamos haciendo eco de una demanda que tiene la sociedad", argumentó la legisladora, quien resumió el espíritu de la iniciativa como "una búsqueda por mejorar la vida a mucha gente que tiene patologías que se mejoraron con el aceite de cannabis". "Estamos priorizando por sobre la discusión política la ampliación de derechos", sintetizó.



En este sentido, el despacho busca que el Ministerio de Salud de la Ciudad promueva “estudios e investigaciones clínicas relacionadas con el uso del cannabis para profundizar conocimientos y crear nuevos saberes”, que cuenten con la participación de asociaciones civiles, entes estatales como hospitales públicos y universidades, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Lo mismo propone para la investigación y capacitación de la siembra, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.



Respecto del cultivo, el proyecto sostiene: “Todo paciente o representante legal, tutor o curador de paciente que se encuentre comprendido en las previsiones de la Ley N° 27.350 se encuentran habilitados a sembrar, cultivar o guardar cannabis en las cantidades y formas que determine la legislación vigente, previa autorización de la autoridad de aplicación, la cual deberá establecer mecanismos de aprobación tanto en la normativa sobre el cultivo como en el aceite producido. A tal fin se solicitará al INTA y al ANMAT las colaboraciones técnicas correspondientes”.



Por último, el proyecto plantea que la autoridad de aplicación gestione y tramite ante el Estado Nacional las autorizaciones y los convenios necesarios para garantizar la provisión del cannabis en un todo de conformidad con las exigencias legales de calidad, seguridad y eficacia requeridos por la ANMAT; y todas aquellas autorizaciones legales, acciones y medidas tendientes a proteger y mejorar la salud pública y la calidad de vida de la población mediante la investigación científica del cannabis y sus derivados para uso medicinal y/o terapéutico, incluyendo convenios de colaboración científico-tecnológica con universidades, CONICET, INTA, entre otros organismos y entidades de la Ciudad, nacionales y/o extranjeras que la autoridad de aplicación determine.



"El proyecto de Halperín proponía la creación de un registro de cultivadores, pero no avanzamos en ese tema proque no está en la Ley Nacional. Quizás sería motivo de una discusión de mejoras en la ley nacional que luego deberían trasladarse a la de la Ciudad", anticipó Muiños.


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