Apuran la Ley Universitaria para evitar impacto fiscal

El Gobierno nacional avanza con una nueva Ley de Financiamiento Universitario que busca discutir en el Congreso en el corto plazo. El objetivo central es reducir el impacto fiscal y evitar nuevos conflictos judiciales derivados de la normativa vigente.

La iniciativa generó diferencias dentro del propio oficialismo, con distintas estrategias sobre cómo encarar el financiamiento de las universidades. Sin embargo, en La Libertad Avanza apuestan a cerrar filas detrás del proyecto y avanzar hacia su aprobación.

Negociaciones, tensiones y cambios de rumbo

Desde el Ministerio de Capital Humano habían iniciado contactos con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios docentes y no docentes para consensuar el texto. La intención era debatirlo en marzo, pero la iniciativa perdió prioridad en la agenda parlamentaria.

Carlos Torrendell, secretario de Educación, fue uno de los encargados de acercar posiciones. Según trascendió, existía un principio de acuerdo para avanzar, aunque luego la estrategia cambió.

Algunos sectores del oficialismo apuntaron a las autoridades del Congreso por priorizar una resolución judicial favorable. Sin embargo, ese escenario no se concretó, lo que obligó a retomar la vía legislativa. "Vamos a buscar acuerdos con sectores dialoguistas para aprobar el texto", señalaron desde el espacio libertario.

El ajuste detrás del nuevo proyecto

El Gobierno sostiene que la ley vigente no puede cumplirse por falta de presupuesto, lo que motivó la presentación de un recurso judicial para frenar artículos clave. La intención es ganar tiempo mientras se discute una nueva normativa.

El proyecto oficial propone recuperar parcialmente el salario real perdido por docentes y no docentes durante 2025, pero valida el fuerte recorte aplicado en 2024. En el texto, el Ejecutivo señala que busca "armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales" con "las reales posibilidades de financiamiento".

De este modo, el oficialismo intenta equilibrar las cuentas públicas con el funcionamiento del sistema universitario, en un contexto de ajuste y tensiones políticas. La clave estará en el Congreso, donde se definirá si logra los consensos necesarios para avanzar sin nuevos conflictos