¿ARCA deja de controlar tus consumos con la nueva ley fiscal?

El Congreso Nacional dio luz verde a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que modifica de manera profunda la relación entre los contribuyentes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La norma apunta a reducir la persecución sobre pequeños y medianos contribuyentes y actualizar parámetros que habían quedado desfasados por la inflación.

La iniciativa establece nuevos límites para que una deuda tributaria sea considerada delito penal y redefine los criterios con los que el fisco puede iniciar investigaciones. El objetivo oficial es concentrar los recursos del Estado en los grandes evasores y dejar de criminalizar errores administrativos o consumos personales. 

Consumos y ahorros: menos margen para investigar

Uno de los puntos centrales de la ley es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que cambia el foco del control fiscal. A partir de ahora, ARCA priorizará la facturación declarada y no el nivel de consumo o el estilo de vida del contribuyente.

Según el texto aprobado, quienes registren ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio inferior a 10.000 millones, tributarán exclusivamente sobre lo facturado. Esto implica que la compra de bienes, viajes o mejoras en viviendas ya no podrá ser utilizada automáticamente como indicio de evasión.

Desde el Gobierno explicaron que "el consumo no será motivo de investigación mientras se respeten los topes del régimen", lo que busca incentivar la utilización de ahorros y dinamizar la economía formal. 

Suben los pisos penales y cambia la carga de la prueba

Otro cambio clave es la actualización de los montos mínimos para que exista delito penal tributario. El umbral para la evasión simple pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se eleva a 1.000 millones.

Esto significa que ARCA solo podrá iniciar acciones penales en casos de montos significativos. "El derecho penal debe ser la última herramienta y no un mecanismo de presión cotidiana", sostienen desde el oficialismo.

Además, la ley introduce el principio de inocencia fiscal, por el cual el organismo recaudador deberá demostrar inconsistencias antes de impugnar una declaración jurada. La presunción inicial será que los datos presentados por el contribuyente son correctos. 

Menos tiempo de revisión y multas más altas

La normativa también reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, que pasarán de cinco a tres años, siempre que presenten sus declaraciones en tiempo y forma. Para quienes no estén inscriptos o incumplan, se mantienen los plazos más extensos.

Sin embargo, la contracara de la reforma es el fuerte aumento de las multas por infracciones formales. Las sanciones mínimas pasan de valores simbólicos a cifras que pueden superar los 200 mil pesos, y en casos de omisiones informativas alcanzan montos millonarios.

El mensaje oficial es claro: no habrá prisión por deudas menores, pero sí sanciones severas por desprolijidad administrativa. 

La Ley de Inocencia Fiscal introduce un cambio de paradigma en el sistema tributario argentino, con mayor previsibilidad para los contribuyentes y un esquema que busca desalentar la evasión a gran escala sin asfixiar a pymes y trabajadores independientes.(IProfesional)