Denuncian sobreprecios del 700% y débitos irregulares en el PAMI

El PAMI vuelve a estar en el centro de la polémica por una serie de denuncias que apuntan a presuntas prácticas irregulares dentro del organismo. Según exautoridades, se habrían realizado compras sin licitación, pagado sobreprecios exorbitantes y aplicado retenciones indebidas a prestadores bajo conceptos poco claros. La gravedad de las acusaciones motivó la intervención de la Justicia y generó un fuerte malestar en el sistema de atención a jubilados.

Aunque en las últimas semanas el foco público estuvo puesto en los aportes exigidos a empleados para financiar campañas políticas, exfuncionarios advierten que detrás de ese escándalo hay una estructura mucho más profunda. "Nos sorprendió la cantidad de trámites por vía de excepción. Cuando empecé a revisarlos, vi que la mayoría no representaban una urgencia médica real", relató un exdelegado del PAMI en el conurbano bonaerense. Al cambiar el criterio, los pedidos bajaron de siete por día a uno por semana.

Uno de los puntos más sensibles es el uso de la "vía de excepción", que permite evitar procesos de licitación cuando se trata de situaciones urgentes. Sin embargo, según testimonios, esta vía habría sido utilizada de forma discrecional para justificar pagos inflados en prótesis, marcapasos, traslados y estudios médicos. "Había sobreprecios en todo. Se usaba el riesgo de vida como argumento, pero las decisiones se tomaban desde la sede central", denunció Viviana Aguirre, exfuncionaria en La Plata, en diálogo con C5N.

En Caleta Olivia, el extitular del PAMI, Sergio Torres, aseguró que también recibió presiones y denunció pedidos de retornos del 10% a profesionales de la salud. "Hablé con Esteban Leguizamo, número uno del organismo, y me respondió que esas decisiones eran políticas", declaró. Según Torres, tras elevar su reclamo fue desplazado de funciones y bloqueado para autorizar trámites esenciales.

El conflicto se agrava por la situación que viven actualmente los prestadores de salud. "El sistema está al límite. No hay actualización de honorarios y, encima, nos aplican débitos automáticos injustificados", expresó el director de un centro médico que atiende a 3.500 afiliados al mes. La consulta médica, según denuncian, se paga apenas $6.800, mientras los costos operativos siguen subiendo.

Ámbito accedió a documentación que muestra deducciones del 10% bajo el concepto de "prácticas excluyentes", sin justificación técnica. "Nos están empujando a dejar de atender al PAMI y priorizar otras obras sociales. Están usando al organismo como una caja política", concluyó uno de los empresarios afectados.

Mientras la Justicia avanza con las investigaciones, las miradas están puestas en los máximos responsables del organismo: Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo. Desde el PAMI emitieron un comunicado prometiendo transparencia, pero las denuncias siguen creciendo y exponen un entramado que podría tener derivaciones aún mayores.