El Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso del Impuesto a las Ganancias

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma laboral integral que busca reconfigurar el sistema tributario y previsional argentino. Según fuentes oficiales, el plan apunta a reducir las cargas patronales en ocho puntos y simplificar el esquema impositivo, con la meta de promover la formalización del empleo y fortalecer la economía formal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene reuniones con cámaras empresarias y representantes del sector privado para definir los ejes del proyecto, que podría ser presentado en las sesiones extraordinarias del Congreso.

El documento base, titulado "Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional", detalla las modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley de Seguridad Social, entre otras normas.

Monotributo y autónomos: hacia un nuevo esquema

Uno de los cambios más profundos sería la eliminación del régimen de monotributo. Con unos 3 millones de contribuyentes entre monotributistas y autónomos, el plan propone que todos pasen al régimen de autónomos, siguiendo una recomendación del Fondo Monetario Internacional. La transición buscaría "blanquear" la actividad y unificar criterios tributarios.

En el caso de los autónomos, el Gobierno analiza ajustar las escalas de aportes, pasando del rango actual de entre $50.000 y $700.000 a uno de $100.000 a $500.000, incorporando la posibilidad de deducir gastos personales.

Respecto al IVA, se establecería un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo, hoy fijada en $3 millones mensuales.

Ganancias y beneficios empresariales

La reforma también plantea un nuevo esquema para el Impuesto a las Ganancias. Actualmente, lo abonan unas 737.584 personas, entre trabajadores en relación de dependencia y jubilados. El nuevo mínimo no imponible sería de $1,7 millones de salario promedio proyectado para 2025, por lo que un trabajador soltero comenzaría a pagar a partir de un salario bruto de $2.843.180 (equivalente a un neto de $2.360.180).

Las alícuotas se mantendrían entre 5% y 35%, con un límite de deducciones de $5 millones, que incluiría conceptos como vivienda, educación, salud y movilidad. Los aportes obligatorios a PAMI, obra social y ANSES seguirán sin tope.

Por otra parte, las empresas que contraten nuevos empleados o incorporen personas que hayan estado más de seis meses desempleadas o provengan del monotributo, podrán acceder a rebajas en las contribuciones patronales. Los empleadores verían reducidos sus aportes del 25,5% al 17%, mientras que los trabajadores aportarían del 17% al 13%, en un intento por fomentar el empleo formal.

Una reforma en desarrollo

El Ministerio de Capital Humano, en coordinación con el secretario de Trabajo Julio Cordero, trabaja en una propuesta complementaria centrada en la formalización del empleo. Entre los temas analizados figuran la flexibilización de jornadas laborales, la actualización del salario dinámico y un blanqueo a costo cero para las empresas que regularicen trabajadores.

Fuentes oficiales señalaron que "no se incluirá un tope a las indemnizaciones por despido", aunque sí se buscarán alternativas para mejorar la productividad y facilitar nuevas contrataciones.