El Gobierno busca aprobar en febrero una reforma laboral con apoyo de gobernadores y tensión sindical en aumento

Con el cierre de enero, el Gobierno nacional entra en una etapa decisiva para su agenda política. En febrero, el Congreso volverá a debatir la reforma laboral impulsada por Javier Milei, una iniciativa que el oficialismo considera central tanto para la gobernabilidad como para consolidar su proyecto de transformación económica.

Durante las últimas semanas, el Ejecutivo mantuvo reuniones con gobernadores de distintos signos políticos, en busca de garantizar los votos necesarios para avanzar con las leyes consideradas prioritarias. Según pudo reconstruirse, el objetivo inmediato es llegar a la segunda quincena de febrero con los números asegurados para aprobar una modificación sustancial del régimen laboral vigente desde hace décadas.

Negociaciones políticas y costos fiscales

Las conversaciones estuvieron encabezadas por referentes del oficialismo que articularon acuerdos con mandatarios provinciales del PRO, la UCR y sectores del peronismo. El respaldo, sin embargo, no fue gratuito. La reforma incluye cambios en la distribución de recursos, aportes previsionales y modificaciones en el impuesto a las Ganancias, un punto que genera preocupación en las provincias por su impacto en las arcas locales.

Desde el Gobierno reconocen que el texto final será muy similar al presentado meses atrás y que el capítulo fiscal fue el principal motivo de la postergación del debate. A cambio, se ofreció una mayor discrecionalidad en la reasignación de partidas durante el año. "La ley es necesaria y no admite más demoras", señalan cerca del Ejecutivo, convencidos de que el escenario político es favorable.

Un debate atravesado por la historia

La reforma laboral vuelve a poner sobre la mesa un tema históricamente conflictivo en la Argentina. Los intentos de modificar el régimen de trabajo estuvieron, en distintos momentos, asociados a crisis políticas profundas. El caso de la Ley Mucci, impulsada por Raúl Alfonsín al inicio de la democracia, y el frustrado proyecto durante el gobierno de Fernando de la Rúa, son antecedentes que todavía pesan en la memoria institucional.

Analistas recuerdan que, en ambos casos, el fracaso de las reformas tuvo consecuencias políticas de largo alcance. "En Argentina, cada intento de cambiar las reglas laborales terminó marcando a los gobiernos que lo impulsaron", señalan especialistas en historia política y económica.

El impacto en el mercado laboral y el futuro político

Desde el sector empresario, especialmente las PyMEs, sostienen que la rigidez del actual sistema desalienta la contratación de personal y expone a las firmas a conflictos judiciales costosos. Del otro lado, los sindicatos advierten sobre una posible pérdida de derechos y ya anticipan movilizaciones y acciones judiciales.

El debate también tiene un costado estructural: la informalidad laboral, el crecimiento del empleo público y las nuevas modalidades de trabajo dejaron fuera del sistema a una porción significativa de la población económicamente activa. Para el oficialismo, la reforma apunta a integrar esos sectores y ampliar la base de aportantes al sistema previsional.

Para Javier Milei, el resultado del debate será determinante. Un éxito legislativo consolidaría su liderazgo y su capacidad de avanzar con reformas de fondo. Un traspié, en cambio, podría reavivar viejos fantasmas de la política argentina y poner en jaque una de las banderas centrales de su gestión.