El Senado debate bajar la imputabilidad a 14 años: qué cambia

El proyecto establece un régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito. De esta manera, se reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, uno de los puntos centrales del debate.

Según el texto, la finalidad es "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social". Además, se fija como objetivo que el joven "supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito".

Desde el inicio del proceso y hasta su finalización, el menor gozará de los derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. También se garantiza a los padres o responsables el acceso a la información sobre la imputación y los actos procesales.

Penas, medidas alternativas y límites

El proyecto enumera distintas sanciones que podrán imponerse, entre ellas amonestación, prohibición de contacto con la víctima, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.

También contempla penas privativas de la libertad: detención domiciliaria, en instituto abierto o en instituto especializado. Sin embargo, prohíbe la reclusión perpetua y la prisión perpetua para menores, y fija un máximo de 15 años de prisión.

En determinados casos, cuando la pena prevista sea de hasta 3 años, se deberá reemplazar la prisión por medidas alternativas. Para delitos con penas de entre 3 y 10 años, el tribunal podrá sustituir la cárcel si no hubo muerte ni violencia grave y el adolescente no registra antecedentes.

"El cumplimiento de las medidas complementarias estará sometido a control judicial", señala el proyecto, que además obliga a designar un supervisor especializado para el seguimiento del joven.

Derechos de las víctimas y derogación de la ley vigente

La iniciativa refuerza los derechos de las víctimas, quienes podrán recibir asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito si no cuentan con recursos. También podrán participar, si lo desean, en instancias de mediación con el adolescente imputado.

El fiscal podrá prescindir de la acción penal en casos de delitos con pena máxima de hasta 6 años, siempre que no haya existido muerte o lesiones gravísimas. Asimismo, se prevé la suspensión del proceso a prueba en delitos menores.

El proyecto deroga la Ley 22.278, vigente desde 1980, e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal.

Para su implementación, se prevé una partida presupuestaria específica que supera los 23 mil millones de pesos en el primer año de vigencia, con posibilidad de convenios entre Nación y provincias.

El debate en el Senado reabre una discusión histórica en la Argentina sobre la responsabilidad penal adolescente, el rol del Estado y la necesidad de equilibrar seguridad pública, derechos y políticas de reinserción social.