En la previa de la Marcha Federal, el Gobierno nacional recortó partidas presupuestarias en educación y universidades

 El Gobierno nacional recortó $78.711 millones en gastos corrientes y de capital de la Secretaría de Educación dentro de la modificación del Presupuesto 2026, que aplicó una poda de casi $2,5 billones para reforzar la meta de superávit fiscal acordada con el FMI. La reducción alcanzó al Plan Nacional de Alfabetización, al Fondo de Compensación Salarial Docente, a infraestructura escolar, becas y obras en universidades nacionales, en la previa de la marcha federal universitaria prevista para este martes en Plaza de Mayo. 

La Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida modificó créditos presupuestarios en distintas áreas de la administración nacional, con aumentos destinados a gastos previsionales y nuevos recortes sobre programas educativos, subsidios, infraestructura y transferencias.

Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por la poda. El anexo detalló un recorte de $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, con impacto sobre obras en trece casas de estudio. La Universidad Nacional de La Plata aparece entre las más afectadas, con una reducción de $1.043 millones, seguida por la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con bajas de $700 millones cada una.

Trece casas de estudio bajo la tijera

La lista de universidades afectadas incluye también a la Universidad Nacional de Río Cuarto, con $680,5 millones menos, y a la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una poda de $540 millones. El recorte cayó sobre transferencias de capital, es decir, fondos destinados a obras e infraestructura.

El dato aparece en la antesala de una nueva marcha federal universitaria, convocada para este martes, con epicentro en Plaza de Mayo. Las casas de estudio llegan a la protesta con reclamos por fondos de funcionamiento, salarios, becas e infraestructura.

Alfabetización, salarios docentes e infraestructura

La poda educativa sumó $78.711 millones en gastos corrientes y de capital de la Secretaría de Educación. El principal recorte dentro del área aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones. La baja afectó sobre todo transferencias directas a provincias para su implementación, uno de los puntos centrales de la política educativa nacional.

Dentro de ese total, el Fondo de Compensación Salarial Docente perdió $8.929.835.294. La planilla oficial ubica esa baja en transferencias corrientes financiadas por el Tesoro Nacional, destinadas a la Administración Pública Provincial.

La poda también alcanzó a infraestructura escolar y equipamiento, con una reducción de $21.686.636.818. En el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, el recorte fue de $6.649.536.538 e incluyó una baja superior a $559 millones en becas estudiantiles.

Educ.ar S.A., la empresa estatal vinculada a contenidos y herramientas educativas digitales, perdió transferencias por un total consolidado de $48.000 millones, según la documentación oficial. Esa baja aparece por fuera del total de la Secretaría de Educación, dentro de las obligaciones del Tesoro asociadas a empresas públicas y otros entes del área educativa.

El otro lado de la planilla

La reducción educativa forma parte de una reasignación más amplia. La decisión administrativa incrementó en $500.000 millones el límite previsto para cancelar sentencias judiciales de origen previsional y deudas establecidas en acuerdos transaccionales. Con ese cambio, el techo quedó fijado en $712.288 millones.

La norma también reforzó créditos para gastos en personal de la Anses, destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. Para esa finalidad, se incorporaron $162.000 millones como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional.

El Consejo de la Magistratura recibió otro refuerzo: $115.194 millones para gastos en personal del programa Actividades Centrales y $22.000 millones para bienes de uso en el programa Justicia de Máxima Instancia. El considerando de la medida sostuvo que esos fondos apuntan a posibilitar su normal funcionamiento.

La meta fiscal como ordenadora

La decisión del Gobierno combinó refuerzos en áreas previsionales y judiciales con bajas en programas de educación, universidades, subsidios y obra pública. El mayor recorte recayó en otras asistencias financieras vinculadas a servicios económicos, por $1,47 billones, en línea con la baja de subsidios y los aumentos de tarifas de servicios públicos.

También hubo reducciones en acciones para el uso racional y eficiente de la energía, infraestructura deportiva, obras viales, integración socio-urbana y programas sanitarios. En ese reacomodamiento, educación quedó entre los capítulos más sensibles de la planilla: alfabetización, compensación salarial docente, becas, infraestructura escolar y obras universitarias quedaron bajo la misma tijera presupuestaria.

La marcha universitaria de este martes encontrará ese dato escrito en el anexo oficial: menos fondos para aulas, programas, salarios compensatorios y obras en trece universidades nacionales.

Fuente: BAE Negocios