"Es un ajuste brutal": CTERA rechaza el Presupuesto educativo nacional 2026 Y denuncia profundos recortes
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina denunció que el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 profundiza el ajuste educativo impulsado por el Gobierno nacional. En un comunicado, el gremio docente rechazó el Artículo 30 y exigió a la Cámara de Senadores que no convalide cambios que, aseguran, vulneran leyes vigentes y afectan el financiamiento del sistema educativo y científico.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) volvió a denunciar lo que calificó como un "ajuste brutal" en materia educativa por parte del Gobierno nacional, que -según señalaron- se profundiza con el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 aprobado en la Cámara de Diputados.
Desde el gremio docente afirmaron que las políticas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei desde su asunción impactan directamente en el financiamiento del sistema educativo, y advirtieron que el nuevo presupuesto consolida un escenario de desinversión sostenida.
Rechazo al Artículo 30 del Presupuesto 2026
Uno de los principales cuestionamientos de CTERA apunta al Artículo 30 del proyecto, que propone derogar normas claves del marco legal vigente. En el comunicado, la organización rechazó especialmente la eliminación del artículo 9º de la Ley de Educación Nacional, que obliga al Estado a invertir el 6% del PBI en educación.
Además, señalaron que la iniciativa también afecta a la Ley de Educación Técnico Profesional y a la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. "Se pretende avanzar sobre conquistas legales que garantizan el sostenimiento del sistema educativo y científico", expresaron desde la Junta Ejecutiva.
Pedido al Senado y advertencia institucional
CTERA exigió que la Cámara de Senadores rechace el Artículo 30 por considerarlo inconstitucional. Según indicaron, el Presupuesto anual "no puede reformar ni derogar leyes vigentes", tal como lo establece la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Finalmente, el gremio sostuvo que estas medidas representan "un intento de destrucción de la escuela pública y del sistema nacional de ciencia y técnica", y reclamó el respeto por los derechos sociales conquistados. "Son la verdadera garantía para una sociedad plenamente democrática y justa", concluyeron.

