Gremios presentaron un amparo judicial contra el decreto del Gobierno nacional que modifica el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Además de la estrategia parlamentaria, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pusieron en marcha la alternativa judicial y ya presentaron un amparo que frene la aplicación del decreto 462/2025, por sus implicancias productivas, científico-tecnológicas, sociales y sanitarias potenciales.

Es que el Sindicato del Personal del Instituto de Tecnología Agropecuaria (APINTA) junto al de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTA, presentaron una acción de amparo en protección del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) contra la ofensiva del gobierno.

"Venimos a interponer acción de amparo, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y del art. 47 de la ley 23.551, contra el ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL, con domicilio en la calle Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se declare la nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los arts. 59 a 69 del Dto. 462/2025 por configurar una desviación de poder que oculta una disolución, desfederalización, y vaciamiento del INTA, expresamente vedado por el art. 2 de la ley 27.742, y por resultar asimismo violatorio de los fundamentos que dieron lugar a su creación por Dto. Ley 21680/56, afectando con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta la garantía de estabilidad en el empleo público expresamente prevista en el art. 14 bis de la Constitución Nacional", dice el primer punto del amparo presentado ante la justicia.

El INTA, denuncian un "negocio inmobiliario" 

De acuerdo a lo que entienden los trabajadores, el gobierno quiere sacar a remate 40.000 hectáreas rurales del INTA "para construir barrios cerrados, vender sus patentes de eventos tecnológicos, apropiarse de los recursos financieros que tienen en el Banco Nación, y generar despidos de científicos y técnicos que al Estado le costó décadas formar".

APINTA y ATE argumentan que la declaración de emergencia económica, es similar a un Estado de sitio: "Un remedio atípico ante una conmoción anormal, extraordinaria e imprevista, la que pone en riesgo la misma existencia del Estado. La Ley Bases declaró una emergencia general haciendo abuso de poder, sin que exista una conmoción anormal e imprevista y, con la excusa de esa emergencia, le dio al Poder Ejecutivo la facultad de gobernar por decreto".