¿Hasta dónde llegará la presión de los gobernadores por fondos previsionales?
Los gobernadores intensifican la presión sobre el Gobierno nacional por las deudas con las cajas previsionales provinciales. Mientras algunas provincias avanzan con acuerdos parciales y cronogramas de pago, otras amenazan con llevar sus reclamos a la Corte Suprema ante la falta de respuestas de fondo.
La disputa por las deudas que la Nación mantiene con las cajas previsionales provinciales volvió a escalar y suma nuevos capítulos de tensión política. Aunque el Gobierno nacional logró cerrar acuerdos parciales con algunos distritos, crecen las advertencias de demandas judiciales y el malestar en provincias que no aceptaron las propuestas oficiales.
En ese escenario, Chubut se convirtió en uno de los focos más activos del conflicto. Su gobernador, Ignacio Torres, anticipó que podría acudir a la Corte Suprema para reclamar más de 51.000 millones de pesos. "Desde que asumimos venimos reclamando por esta situación. A los contribuyentes chubutenses la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos", afirmó el mandatario patagónico, quien denunció incumplimientos sostenidos desde 2017. Tras esa advertencia, Torres fue recibido por el ministro del Interior, Diego Santilli, en un intento por alcanzar un acuerdo similar al firmado con otras provincias.
Hasta el momento, Nación logró consensos con Chaco, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, mediante esquemas de pagos en cuotas para comenzar a saldar las acreencias previsionales. En el caso pampeano, tras una mediación impulsada por la Corte Suprema, la ANSES se comprometió a transferir 62.500 millones de pesos, con un desembolso inicial y el resto en cuotas mensuales. El gobernador Sergio Ziliotto destacó el entendimiento y agradeció la intermediación política, aunque desde la provincia estiman que la deuda total supera ampliamente ese monto.
La discusión tiene raíces históricas. Desde la década del noventa, trece provincias decidieron no transferir sus cajas previsionales al sistema nacional, lo que dio origen a reclamos recurrentes por el financiamiento de los déficits. En los últimos años, la situación se agravó por el retiro del Estado nacional de áreas clave y la transferencia de mayores responsabilidades a los gobiernos provinciales. "Nunca las provincias tuvimos tantas responsabilidades y tan pocos recursos", sintetizó el gobernador cordobés Martín Llaryora, quien también mantiene una negociación abierta bajo supervisión de la Corte.
No todas las provincias corrieron la misma suerte. Santa Fe rechazó una oferta de Nación por considerarla insuficiente y mantiene un reclamo que, según estimaciones oficiales, ronda los dos billones de pesos. "Poco más nos quisieron ofrecer ticket canasta", ironizaron desde la administración de Maximiliano Pullaro, que continúa sin avances en la negociación.
En contraste, Chaco y Entre Ríos, gobernadas por aliados políticos del oficialismo nacional, lograron acuerdos más favorables. Chaco recibió un desembolso único de 40.000 millones de pesos, mientras que Entre Ríos percibirá 48.000 millones en cuotas. Las diferencias en el trato alimentan suspicacias y profundizan el debate sobre la equidad en el reparto de fondos.
Con acuerdos parciales, negociaciones abiertas y amenazas de demandas ante la Corte Suprema, la pulseada previsional sigue lejos de resolverse y se consolida como uno de los ejes centrales de la relación entre Nación y las provincias.
