Pese a la convocatoria de acreedores autorizan al dueño de Garbarino a salir del país

Muchos trabajadores de Garbarino suelen preguntar a los cronistas que cubren las manifestaciones por falta de pago de sus salarios que se producen semanalmente, desde hace meses, por el paradero del dueño de la cadena de electrodomésticos, Carlos Rosales.

Pues bien, luego de presentar la convocatoria de acreedores a mediados de noviembre y de ser aceptado el concurso hace siete días, el juez de la causa comercial, Fernando D’Alessandro, le permitió al empresario y renunciante tesorero de San Lorenzo de Almagro, recibir el año nuevo en Centroamérica.

Abogados de la causa consultados por NA precisaron que el magistrado, titular del juzgado nacional en lo comercial Nª 7, le prohibió a Carlos Rosales cruzar las fronteras del país pero la reciente autorización se produce porque en el expediente “no se dispuso la interdicción de salida de la Argentina” del dueño de Garbarino y Compumundo.

En la práctica no restringió el derecho individual de Rosales de viajar al exterior sino que dejo por escrito que para hacerlo es necesario tramitar un permiso ante el juzgado interviniente siempre que el plazo no sea superior a 40 días corridos.

El permiso solicitado se extiende desde el 28 de diciembre hasta el 10 de enero inclusive por lo que totalizan 14 días corridos. En estos momentos, Rosales se encuentra en Santo Domingo, capital de la República Dominicana y no han trascendido los motivos de su incursión a tierras del Caribe.

Fuentes del entorno del empresario, dueño, además, del grupo asegurador Prof; Compumundo; Radio Continental y el  restaurante Schiaffino Bistró en la Recoleta, aseguraron que se encuentra abocado a hallar una solución financiera a los problemas que  acarrean las empresas que dirige.

Siempre sobrevoló la idea que la solución financiera podría venir de un grupo del exterior que capitalizara sus empresas en riesgo.

Sea como fuere, el juez Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial Nª 7 , que habilitó el concurso preventivo de Garbarino, dejó la orden, por escrito, de prohibir a Carlos Rosales la salida del país a no ser que pida permiso como ocurrió el 28 de diciembre.

 Mientras tanto los trabajadores de la empresa y sus subsidiarias, más de 4000 personas, están pasando el peor fin de año imaginado. El 27 de diciembre se encendió una luz de esperanza para que el próximo año pueda haber una reinserción laboral más rápida de los afectados por el cierre de sucursales de la compañía de retail.

El ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni y el dirigente mercantil, Armando Cavalieri, firmaron un convenio para que los trabajadores desvinculados en 2020 y en 2021, puedan acceder a los beneficios del Programa de Inserción Laboral (PIL), por el cual los empresarios que contraten a estos trabajadores tendrán facilidades del ministerio que les cubrirá el pago de parte de sus salarios.

Un procedimiento habitual en estos casos pero que enciende una luz de esperanza en los más de 4000 trabajadores que demandan una respuesta y que, junto al Estado, son los acreedores privilegiados en este tipo de situaciones.

Un concurso con muchos acreedores anotados para reclamar por sus deudas

Hay otros acreedores que siguen en la fila de reclamos que también dejan entrever satisfacción  por la medida judicial de habilitar la convocatoria de acreedores. Son aquellos que tienen deudas comerciales y financieras que suman 11.500 millones de pesos en total. Los pasivos no son sólo de Garbarino sino que también se adjuntan deudas de Garbarino Viajes, Compumundo, Tecnosur y Digital Fueguina.

Según el expediente judicial, con fecha del 22 de diciembre pasado, al 10 de octubre, Garbarino  presentó un estado patrimonial con activo por 14.216,86 millones de pesos y 25.422,1 millones de pasivo.

La deuda con los acreedores quirografiaros,  figura del derecho civil que cataloga a aquellos que no tienen ninguna garantía particular para la recuperación de su deuda e ingresa en concurso con los demás acreedores en la distribución del producto de la venta de los bienes del deudor insolvente, asciende a 6017,66 millones de pesos, más 1076,34 millones en concepto de financiación y contabiliza pasivos eventuales por 1373,5 millones de $.

El fisco, otro de los acreedores privilegiados, reclama  cerca de 5000 millones de pesos por deudas fiscales y previsionales.

Llegado a este punto, usualmente se impone la venta de activos para saldar deudas. Y, entre las posibilidades registradas se encuentran, la participación de Rosales en Compumundo, cuya tenencia se valuó en 1438 millones de pesos, Digital Fueguina, 7627,8 millones, Garbarino Viajes, 1 millón de pesos, Tecnosur, 354,4 millones de pesos. Además, se catalogaron 53 marcas de su propiedad que consolidan un valor de 850.000 $ y la participación en fideicomisos por un total de 430,3 millones.

Garbarino llegó al concurso con la bolsa flaca. Según los valores  anotados en el expediente sólo hay 2,5 millones de pesos en caja menos de 5 millones depositados en entidades bancarias. Muy poco para una empresa de retail  con presencia en todo el país.

Sus  abogados anexaron  una lista con 185 deudores por ventas, sí hay gente que le debe a Garbarino, por un total de 703,2 millones y 2138,5 millones de pesos a favor de la compañía por créditos fiscales de organismos recaudatorios de la Nación, provincias y municipios donde opera.

Hay controversias entre los productores de electrodomésticos por el valor otorgado a Digital Fueguina y a Tecnosur, dos plantas ubicadas en Tierra del Fuego beneficiadas por la ley 19.640 que exime del pago de todo impuesto nacional por actividades que se realicen en el territorio más austral de la Nación.

En el caso de Digital Fueguina, sus líneas de producción tienen valor propio, pero la ausencia de contratos la tornan inviable.

Para algunos sindicalistas que siguen de cerca las  actuaciones  judiciales, Carlos Rosales no  debería poder salir del  país no sólo por la situación de Garbarino y sus empresas subsidiarias sino por la situación que enfrenta el  grupo asegurador Prof.

El grupo asegurador Prof, Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada, expone su futuro a la decisión de la Justicia luego de apelar las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

Las decisiones de la superintendenta, Mirtha Adriana Guida, del 16 de septiembre, primero, y del 12 de octubre, después, pusieron a la  aseguradora al borde de la liquidación.

La funcionaria nacional había advertido por el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar en su resolución del mes de septiembre, un resumen de cuenta de los balances correspondientes a la entidad aseguradora que deben presentar todas las empresas del rubro que se desempeñan en el mercado nacional, por la que dictó una inhibición general de bienes que le impidió a la empresa aseguradora realizar actos respecto de sus inversiones.

El segundo paso adoptado por Guida fue peor para el futuro de la aseguradora y fue la piedra de toque del inicio de las hostilidades judiciales de los directivos de la empresa contra los funcionarios del organismo gubernamental. La Resolución 725/2021, publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre pasado da cuenta de la prohibición de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para que Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada emita nuevos contratos de seguros.

En los considerandos de la Resolución, la SSN afirmó que su decisión se basó en el hecho de que la compañía presentaba un déficit de capital mínimo de más de $ 500 millones, (exactamente  $543.806.153) y también una pérdida en el cálculo de cobertura de más de $900 millones ($905.966.781, en cifras precisas)”.

La estrategia de Carlos Rosales fue la de judicializar la resolución. En los hechos el dueño de Garbarino podría haber capitalizado la compañía en un plazo lógico de tiempo pero nada de ello ocurrió y en los primeros días de noviembre concurrió a Tribunales para apelar la medida de la SSN. NA