Investigan vínculos del jefe del Servicio Penitenciario Federal con la empresa que proveé comida en cárceles

Una resolución del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, dispuso el allanamiento de la oficina de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, por posibles vínculos con la empresa encargada de suministrar alimentos al penal de Ezeiza.

El procedimiento tuvo lugar el viernes por la mañana y estuvo marcado por momentos de tensión. Según fuentes judiciales, cuando Martínez entregó su teléfono celular, presentó un modelo antiguo y fuera de uso. Al notar la anomalía, los funcionarios judiciales le pidieron el dispositivo que usaba habitualmente, pero el director del SPF aseguró que lo había "extraviado" ese mismo día.

 La justificación generó dudas en el juez, quien dispuso rastrear la ubicación del celular mediante las antenas de telefonía. El informe técnico indicó que el dispositivo había enviado su última señal una hora antes del allanamiento, cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. Este dato fortaleció la teoría de que Martínez habría sido avisado previamente sobre el operativo.

Investigan vínculos del jefe del Servicio Penitenciario Federal con la empresa que proveé comida en cárceles

La razón por la que Villena decidió allanar el viernes no habría sido casual. "Es que ese mismo día se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad, y que volvió a obtener la empresa Bio Limp", precisó el periodista Fernando Soriano en el portal Infobae.

Villena ya había intervenido años atrás por denuncias de alimentos en mal estado y había excluido a la firma Foodrush de futuras contrataciones, tras peritajes de ANMAT que confirmaron contaminación y niveles elevados de Escherichia coli. Incluso, el propio juez relató a su entorno que se descompuso tras probar la comida durante una inspección en el penal.

Pese a la sanción, Foodrush reapareció indirectamente en una nueva licitación junto a Bio Limp, que no tenía antecedentes en el rubro alimenticio. Con el reinicio de los reclamos de los detenidos, el juez reabrió la causa bajo la figura de "Envenenamiento" y detectó que los camiones utilizados por Bio Limp pertenecían a Foodrush. Además, se hallaron empleados compartidos y facturas entre ambas firmas por alrededor de 150 millones de pesos, lo que reforzó la hipótesis de una cartelización del servicio con presunta connivencia de autoridades penitenciarias.

A partir de estas pruebas, Villena ordenó allanamientos a directivos del penal y al propio Martínez, al considerar que el SPF no podía desconocer la maniobra.