Piden prisión para De Vido y Cameron por la causa Odebrecht
Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron penas de hasta 4 años de prisión para Julio De Vido y Daniel Cameron por presuntas maniobras de corrupción en la adjudicación de obras de gasoductos a Odebrecht. La investigación apunta a negociaciones incompatibles y direccionamiento de contratos millonarios entre 2006 y 2008. El juicio continúa en tribunales federales.
El juicio por la adjudicación de obras de gasoductos reactivó uno de los expedientes más sensibles de corrupción en la Argentina, con pedidos de condena para el exministro Julio De Vido y el exsecretario de Energía Daniel Cameron.
Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron penas de 4 años de prisión para ambos, al considerar que tuvieron roles clave en una maniobra destinada a beneficiar a la constructora Odebrecht.
"Estamos ante un caso de gran corrupción", sostuvo Luciani, quien apuntó contra el accionar de los funcionarios durante el proceso de contratación pública.
Contratos millonarios bajo sospecha
La causa investiga la adjudicación de obras para la ampliación de los gasoductos TGN y TGS entre 2006 y 2008, en un esquema que involucró inversiones superiores a los 2.300 millones de dólares.
Según la acusación, existió un direccionamiento deliberado hacia Odebrecht, que habría accedido a contratos sin una competencia real. "Se privilegiaron intereses ajenos al bien común", remarcó el fiscal durante su exposición.
Además, se cuestionó la utilización de mecanismos administrativos que habrían favorecido a la empresa en detrimento de la transparencia y la legalidad.
Un sistema diseñado para evitar controles
Uno de los puntos más graves señalados por la fiscalía es la presunta creación de una estructura paralela para eludir controles legales. En ese esquema, se habría utilizado a CAMMESA como intermediaria para canalizar los contratos.
"Se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática", afirmó Luciani, quien sostuvo que se evitó deliberadamente la aplicación de la Ley de Obras Públicas.
En ese sentido, agregó: "Se eliminaron los frenos y contrapesos en favor de la corrupción", al tiempo que subrayó que los acusados "diseñaron reglas a medida para manejar discrecionalmente recursos públicos".
El juicio continuará en los próximos días con los alegatos de las defensas, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos millonarios y el rol de exfuncionarios en decisiones clave del Estado. (Fuente: El Diario Nuevo Día)

