Privatizaciones 2026: el Gobierno avanza con más de diez empresas

El Gobierno nacional tiene previsto avanzar durante 2026 con un ambicioso plan de privatizaciones que incluye a más de una decena de empresas públicas de distintos sectores estratégicos. El objetivo oficial es doble: atraer capitales privados y obtener fondos para fortalecer las reservas, al tiempo que se redefine el rol del Estado en la economía.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo avanza con la venta o concesión de empresas vinculadas a la infraestructura ferroviaria, los servicios y el transporte. Entre ellas se encuentran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). A esa lista se suman Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y la agencia Télam.

El plan también incluye compañías de gran peso económico y social. En ese grupo aparecen Transener, las represas hidroeléctricas, AySA -la empresa que provee agua potable y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires- y Enarsa, una de las firmas clave del sector energético nacional. Además, el Ejecutivo apunta a Corredores Viales, que administra cerca de 9.000 kilómetros de rutas, Intercargo, que despertó el interés de un grupo francés, y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía.

Como paso previo, el Gobierno completó el proceso de transformación de Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. Este viernes se inscribió en el Registro Público la última conversión, correspondiente a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal. La medida se enmarca en lo dispuesto por el artículo 48 del DNU 70/2023, que estableció que las empresas con participación estatal quedaran sujetas a la Ley General de Sociedades, sin prerrogativas públicas.

Desde el Ejecutivo destacan que la prioridad está puesta en los sectores de energía y transporte, considerados claves tanto por su impacto fiscal como por su rol en la competitividad del país. El avance de este proceso anticipa un nuevo año de debates políticos, sindicales y sociales en torno al futuro de las empresas públicas y la presencia del Estado en áreas estratégicas.