¿Qué está en juego con la Ley de Discapacidad? El sector denuncia desfasajes, quiebras y falta de actualización de aranceles
El miércoles 20 de agosto la Cámara de Diputados debatirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El sector denuncia un atraso de más del 64% en aranceles, miles de empleos en riesgo y prestadoras al borde de la quiebra. Mientras el Gobierno justifica el veto por su costo fiscal, organizaciones convocan a una masiva marcha frente al Congreso.
La crisis en el área de discapacidad se arrastra desde hace años, pero se profundizó en la actual gestión. Prestadores y familias denuncian que el atraso en los aranceles supera el 64%, lo que pone en riesgo 150.000 puestos de trabajo y la atención de más de 200.000 personas con discapacidad.
Según el Foro Nacional de Discapacidad, la última actualización fue en diciembre de 2024 con un magro 0,5%, frente a una inflación del 2,7%. Desde entonces no hubo más aumentos, mientras la inflación continuó deteriorando los ingresos del sector. "El colapso parece inevitable si no se avanza con esta ley", advirtieron representantes.
La Ley vetada y el costo fiscal
La Ley 27.793, aprobada con amplio consenso en ambas cámaras pero luego vetada por el presidente Javier Milei, declara la emergencia en el sector de discapacidad hasta 2026. Entre sus puntos centrales prevé:
Financiamiento de Pensiones No Contributivas por Discapacidad (70% del haber mínimo jubilatorio).
Actualización automática de aranceles de prestaciones.
Compensación por el desfasaje inflacionario.
Regularización de deudas fiscales y de seguridad social de prestadores.
Sostenimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El Gobierno argumenta que la norma afecta el programa de déficit cero, con un costo fiscal estimado entre $2 y $4 billones en nuevas pensiones, más partidas adicionales que podrían significar entre el 0,28% y el 0,51% del PBI.
El Congreso y la calle, escenario de definición
El próximo miércoles 20 de agosto, a las 11, la Cámara de Diputados votará si mantiene el veto o lo rechaza. De prosperar el rechazo, la iniciativa pasará al Senado para una definición final.
En Diputados, la ley había sido aprobada con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, mientras que en el Senado obtuvo 56 votos afirmativos y ninguno en contra, debido a que el bloque libertario se retiró del recinto.
"El sector de discapacidad está en estado de emergencia. No es un gasto, es una inversión en derechos humanos", señaló el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), autor del proyecto.
Mientras tanto, organizaciones sociales, familias y trabajadores convocaron a una masiva marcha frente al Congreso para exigir a los legisladores que sostengan la norma. "El miércoles será un día clave: se define si la política escucha o vuelve a darle la espalda al sector más vulnerable", expresaron desde el colectivo organizador.
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