Más de 500 organizaciones de todo el país repudian la decisión del Gobierno de suspender la Ley de Emergencia en Discapacidad

El lunes el Gobierno Nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero en el mismo acto firmó el decreto 681/2025, que suspendió su aplicación y la condicionó a la futura asignación de partidas presupuestarias por parte del Congreso.

Organizaciones de todo el país señalaron que esta maniobra implica que la norma no entre en vigencia y que los derechos continúen postergados. "La ley no se aplica y los derechos siguen en espera", remarcaron en un comunicado.

Una medida que, según las entidades, viola derechos

En su pronunciamiento, las entidades sostuvieron que el decreto constituye "una maniobra dilatoria e inconstitucional" que desconoce la Constitución Nacional y la Convención de la ONU sobre Discapacidad.

"El Poder Ejecutivo bloquea una conquista reconocida constitucionalmente, frenando el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad y sus familias", denunciaron.

Entre los puntos más graves señalaron:

• Violación de la Constitución.

• Desconocimiento de compromisos internacionales.

• Bloqueo de derechos conquistados.

• Ajuste económico que impacta directamente en el sector.

"Nuestros derechos no se negocian"

Las organizaciones advirtieron que los derechos humanos no pueden quedar supeditados a la disponibilidad presupuestaria. "La ONU fue clara: la escasez no justifica el retroceso en derechos", recordaron.

El comunicado exige la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y afirma que "las personas con discapacidad y sus familias no pueden esperar más".

Más de 500 adhesiones en todo el país

El repudio ya cuenta con más de 525 adhesiones, entre ellas la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH, la asociación civil ANDAR, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras.

"El Gobierno dice que no hay recursos, pero los derechos humanos no dependen del presupuesto", remarcaron, cerrando con un mensaje contundente: "No somos rehenes del ajuste".

(El Diario Nuevo Día)