Reforma laboral: qué cambia con los despidos y las indemnizaciones

Uno de los principales cambios introducidos por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, a través de la Ley de Bases aprobada en 2024, es la ampliación del período de prueba.

Según la nueva normativa, el período pasó de tres a seis meses, lapso durante el cual el empleador puede extinguir la relación laboral sin pagar indemnización. En la ley se establece expresamente el "período de prueba de seis meses" como nuevo parámetro general.

Esta modificación busca otorgar mayor flexibilidad a las empresas al momento de contratar, aunque extiende el tiempo en el que los trabajadores permanecen con menor estabilidad laboral.

Indemnizaciones y fondo de cese laboral

La reforma mantiene la indemnización tradicional por antigüedad ante despidos sin causa, pero incorpora mecanismos alternativos que modifican el esquema histórico.

Entre los cambios más relevantes aparece el fondo de cese laboral, un sistema que permite reemplazar la indemnización clásica por aportes mensuales del empleador a una cuenta individual del trabajador. La normativa indica que estos aportes podrán canalizarse a través de "Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros".

La aplicación de este sistema no es automática: dependerá de lo que se acuerde en los Convenios Colectivos de Trabajo, donde los sindicatos deberán definir si se adopta el nuevo fondo o se mantiene el régimen tradicional. El tope general de aportes fue fijado en el 8% del salario, aunque algunos sectores, como la construcción, pueden alcanzar hasta el 12% durante el primer año.

Despidos, juicios laborales y rol sindical

Otro punto central de la reforma es la modificación de la presunción de relación laboral. A partir de ahora, el trabajador deberá aportar pruebas adicionales para acreditar el vínculo, como contratos, comprobantes de pago o facturación, lo que cambia la dinámica de los juicios laborales.

Además, se incorporó el artículo 245 bis, que prevé un incremento indemnizatorio de entre el 50% y el 100% en casos de despido discriminatorio. La ley contempla este adicional cuando se verifique una "vulneración de derechos fundamentales" del trabajador.

En este nuevo esquema, los sindicatos adquieren un rol clave: deberán supervisar la administración de los fondos de cese, negociar los porcentajes de aportes y definir las condiciones sectoriales en paritarias, lo que los posiciona como actores centrales en la implementación de la reforma.

En conjunto, las modificaciones introducidas por la reforma laboral redefinen el vínculo entre empleadores y trabajadores, con un mayor énfasis en la flexibilidad de contratación y nuevos mecanismos para el cese laboral, en un escenario que ya genera debate en el mundo del trabajo.

Con información de iProfesional