Política

Revés para el Gobierno en causa sobre aumentos indebidos en prepagas

La demanda del Gobierno contra aumentos excesivos en prepagas sufre un revés judicial al ser remitida a un proceso colectivo impulsado por ciudadanos contra el DNU que permitió la desregulación, generando una situación paradójica donde el Ejecutivo litigará junto a los afectados y las empresas.

Redacción Nuevo Día
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La demanda del Gobierno para frenar los aumentos desmedidos en las prepagas enfrentó un revés judicial significativo. La jueza Mercedes Maquieira decidió enviar el caso a un proceso colectivo impulsado por ciudadanos contra el DNU del propio Ejecutivo que permitió la desregulación, generando una situación peculiar donde el Gobierno, los afectados y las empresas litigarán juntos en un mismo proceso.

La Superintendencia de Seguros de Salud fue vista por la jueza como actuando en nombre de los afiliados, lo que llevó a que el caso se remitiera al proceso colectivo que había sido iniciado por ciudadanos comunes contra el DNU que habilitó los aumentos en las cuotas de las prepagas. Esta decisión sitúa al propio Ejecutivo que promulgó la desregulación en el mismo proceso legal que los afectados y las empresas defendiendo dichos aumentos.

La demanda gubernamental buscaba, con carácter urgente, detener los aumentos desmedidos en las cuotas de las prepagas y establecer un eventual incremento regulado por un índice determinado por el tribunal. Sin embargo, la jueza consideró que la acción presentada por el Gobierno cumplía con los requisitos para ser considerada como parte de un proceso colectivo.

La situación se complica aún más debido a que ya existe una demanda colectiva iniciada por afiliados a las prepagas contra el DNU de Javier Milei. Esta causa, denominada "Wilson", busca declarar la inconstitucionalidad de ciertos artículos del DNU y permitir la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud en la determinación de los precios de las prepagas.

La resolución de la jueza Maquieira remitiendo el expediente al proceso colectivo dirigido por el juez Juan Rafael Stinco es un golpe para el Gobierno, ya que la causa "Wilson" está más avanzada y determinará el curso del litigio. Esta decisión legal pone de manifiesto la complejidad del caso y la tensión entre el Gobierno, los afiliados y las empresas de medicina prepaga.

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