Peralta no envió dinero a Diputados, y Cotillo iría a la Justicia

 

El poder legislativo tuvo una merma en sus ingresos para funcionamiento de un 80% respecto del 2011. Faltan insumos básicos, no se pueden afrontar compromisos de pago y actualmente la Cámara se limita al pago de salarios líquidos de su personal. El vicegobernador acudirá a la justicia.

lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00

 

Durante el año 2012 la Honorable Cámara de Diputados atravesó una situación financiera “agobiante”, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo provincial no se cumplió con el envío del dinero presupuestado, sufriendo incluso una merma de un 80% en las partidas para funcionamiento. Desde la administración se informó que, por ejemplo, de los más de 100 millones de pesos necesarios para sueldos del personal del cuerpo legislativo, sólo se enviaron 69 millones, los cuales fueron destinados en su totalidad para el pago de salarios líquidos, dejando de lado obligaciones tales como el pago a la Caja de Servicios Sociales y otras erogaciones que se deben realizar. Esta es una de las tantas dificultades a las que se enfrentó la Cámara durante 2011, debido a la merma en el ingreso de dinero producto de un “ahogo financiero” por parte del Ejecutivo, que no cumplió con las partidas correspondientes, llegando incluso a enviar un 80% menos de dinero para el funcionamiento del poder legislativo.

Realizando una comparativa con el año 2011, el Ejecutivo presupuestó para salarios unos 100 millones de pesos, enviando 90 millones, mientras que en 2012, tal como se expresó, de los más de 100 millones para sueldos sólo se contó con una partida de 69 millones. Similar situación ocurrió con los gastos para funcionamiento, que se estiman en unos 13 millones anuales (casi 1 millón 100 mil pesos mensuales), dinero que durante el 2011 se recibió en su totalidad, mientras que en 2012 sólo se contó con 2 millones y medio (208 mil pesos mensuales), es decir, un 80% menos. Esta situación provocó, entre otras cosas, que se dificulte significativamente la labor diaria del cuerpo legislativo, que no cuenta actualmente con dinero para materiales tales como insumos de sanitarios, tonner para fotocopias, hojas, etc, además de la consecuente deuda a proveedores que aún no puede afrontar, destacando que incluso aún no se ha pagado la totalidad del dinero que costó el arreglo de la fachada e interior del edificio producto de los incidentes ocurridos el 29 de diciembre del 2011.

Esta situación, que fue dada a conocer en diversas oportunidades, motivó el envío de notas hacia el gobierno provincial por parte de Fernando Cotillo en las cuales se da cuenta que “no se ha girado partida de funcionamiento alguno”, destacando que “este verdadero ahogo financiero al que ha sometido a esta Casa y a los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Cruz (…) afecta el proceso legislativo y podría ser interpretada como una injustificada presión sobre los miembros del cuerpo que me cabe presidir” (nota enviada en noviembre del 2012). Un mes antes, en octubre, el vicegobernador, esta vez dirigiéndose al entonces Ministro de Economía Ariel Ivovich, manifestaba que “no ha girado las partidas presupuestarias completas a esta Honorable Cámara”, agregando que “sólo se ha girado el monto líquido correspondiente a los sueldos de bolsillo de legisladores y personal de la Cámara, sin haber girado los fondos necesarios para cumplir con aportes, embargos, AFIP y demás obligaciones en cabeza de la Cámara”.

En ambas notas se alerta de la posibilidad de recurrir al artículo 132 de la Constitución Provincial, lo cual finalmente sucederá, teniendo en cuenta que en la 1º sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados realizada este jueves se aprobó un proyecto de autoría del diputado Alexis Quintana que instruye al vicegobernador Fernando Cotillo “para que inicie el procedimiento previsto en el Art. 132 inc. 1° de la Constitución Provincial, en defensa de las competencias de este cuerpo, confiriéndole plenas facultades a tal respecto”, lo cual implica que el presidente del cuerpo legislativo podrá recurrir al Superior Tribunal de Justicia para que se resuelva el conflicto originado entre la Cámara y el Ejecutivo, a raíz de la falta de cumplimiento de financiación por parte de éste último.