Prades descartó el Plan C, pero iniciará fuerte demanda a Nación y Provincia para que asistan a Caleta

Cuando habló de tres planes para salir de la crisis, mencionó al "C" que consistiría en despedir a 2.500 municipales, pero aclaró a la prensa que usó ello como modo de ejemplo de la situación. Aunque sí reafirmó que trabajará en el Plan A.



Reiteró que "tomaremos los caminos del diálogo primero”, con Nación y Provincia, para que envíen la misma ayuda financiera que antes de diciembre se daba a Caleta, "y si correspondiese tomaremos los caminos judiciales”.



Luego de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Prades respondió a la requisitoria de los cronistas locales. Allí abundó en detalles sobre lo que dijo en el discurso. Por ejemplo, indicó que al día de hoy la Municipalidad tiene un déficit de 70 millones de pesos mensuales.



Con respecto a la amplia concurrencia de empleados municipales y vecinos de la comunidad, dijo que se debe básicamente a que "la gente quiere escuchar qué pasó con la plata, cuál es la totalidad de los montos que tiene la municipalidad, cuál es la realidad, y en eso hemos trabajado”.



En cuanto al pago de haberes del mes de febrero, en su alocución dejó en claro que es imposible abonar en tiempo y forma los salarios: "los números están bien claros, y por primera vez en la historia la oposición tiene por escrito y fotocopia el estado de las cuentas municipales, para que vean que nosotros no tenemos nada para esconder”.



Ahondando en la situación deficitaria, el intendente explicó que "se recaudan 35 millones de pesos de promedio entre regalías, recaudación genuina y demás ingresos de coparticipación nacional y provincial”; y que "se necesitan más de 85 millones de pesos para afrontar todo lo que tiene que ver con las remuneraciones de la planta municipal”.






EL PLAN C, DESCARTADO



Facundo Prades resaltó que al día de hoy, con la recaudación de la Municipalidad se puede pagar un sueldo cada dos meses. Por eso, han



debido idear planes pensados en función de posibles salidas, pero adelantó que "el Plan C está descartado” ya que "dejar en la calle a 2.500 familias sería una burrada y yo ya he asumido mi compromiso de no despedir a ningún empleado”. Es decir que es meramente ejemplificativo, "en función de la plata que nos falta, nos faltan casi 50 millones de pesos y eso son 2500 empleados”.



Por otro lado, explicó que el Plan B apunta a congelar las paritarias, pero que el primer paso será la búsqueda de diálogo con las autoridades provinciales y nacionales (Plan A): "en el contexto de que no haya respuesta recurriremos al otro poder del Estado, que es el Poder Judicial; y esperemos que para con el pueblo de Caleta Olivia se expida con la misma velocidad que como lo hizo con TERMAP”.






EXIGENCIA A NACIÓN Y PROVINCIA



En otras palabras, el Plan A consiste en la exigencia -mediante un instrumento judicial- al gobierno provincial y al nacional de una resolución acerca del "estricto cumplimiento” de lo que venían haciendo, todo ello fundamentado en el principio de continuidad del estado "que es un principio constitucional que tiene jerarquía constitucional en los pactos constitucionales” y resaltó que además "hay 4 o 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia que respaldan lo que estoy diciendo.



Consultado sobre si habrá más negociaciones con el gobierno nacional para que continúe ayudando como lo venía haciendo aseguró que "por delante de todo está Caleta, las acciones serán contra Macri o contra Alicia si corresponden, acá no se distingue ni a uno ni a otro”. Asimismo, aclaró que esta ayuda no consistía en un aporte perteneciente al Tesoro Nacional, "sino a un aporte social no reintegrable, y es la partida que tiene más denuncias penales por no haberse rendido cuentas”. Dicha partida presupuestaria, estaba afectada directamente a la Jefatura de Gabinete de la Nación, resolución que se sacó en el 2012 sobre las cuales se han girado cifras millonarias a diferentes municipios y nunca se rindieron cuentas, uno de ellos es Caleta Olivia, uno de los más beneficiados del país.



Dicha partida surgida a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia del año 2012 siguió utilizándose hasta el 2015; pero a partir de este año dejó de existir, y "la única figura jurídica que existe para la llegada de fondos a un Municipio es como lo indica la Constitución, de Nación a la Provincia y de la Provincia al Municipio, como llegaron en Enero los 50 millones de pesos a través de un aporte del Tesoro Nacional, salvo que se dicte otro decreto que habilite a todos los municipios del país a tener esta posibilidad; y por lo que he conversado entiendo que esto no va a volver a surgir porque es una herramienta sobre la que pesan más de 100 denuncias penales”.



REPROCHES A LEGISLADORES NACIONALES QUE NO SE PREOCUPAN POR CALETA



Por otro lado, habló del abandono por parte de los legisladores para con el pueblo caletense: "Recordemos que Caleta Olivia y la Provincia de Santa Cruz tienen 3 senadores nacionales y 5 diputados nacionales, ellos son los representantes que cobran un sueldo para gestionar por nuestras comunidades. Algunos tienen que ver directamente con nuestra comunidad, otros tienen más de 10 años sentados en una banca”, por ende "nuestra primera exigencia será tanto para propios como para extraños gestión en Buenos Aires”, porque es mucho más importante el salario y el funcionamiento de Caleta que la puesta en funciones de diferentes cargos o puestos nacionales para bancar un sueldo. Aquí entraría, por ejemplo, la gestión que pueda realizar la senadora María Ester Labado, quien en entrevista radial dijo que esperaba un llamado para participar de gestiones, "vamos a ver cuando envíe el paquete de medidas con el que supuestamente la Nación va a garantizar el pago de salarios provinciales y municipales cómo se comporta la senadora con su voto”, expresó el jefe comunal.






DESESTABILIZACIONES



También dijo que hay gente que busca desestabilizar y confundir a los vecinos, porque "solamente un dañino puede decirle a los planes sociales que Prades los va a abandonar, y lo dicen porque quieren generar ‘caos social’, predisponer a un clima de hastío y desconocer la crisis”. Y a pesar de que la situación es agobiante negó rotundamente la posibilidad de renunciar a su puesto como jefe de la comuna, "me van a tener que matar para sacarme de ahí, voy a dar pelea y les voy a enseñar cómo”, porque "si en 10 días clausuramos TERMAP, mientras que otros en 22 años les pedían camisetas de fútbol, escritorios viejos y computadoras, ya van a ver lo que es dar pelea”.



En cuanto a la ausencia del gobierno nacional sostuvo que "ahora, nos tiene que ayudar sí o sí”, y la figura es el ATN, "es lo que estamos peleando y garantizando. Y si el recurso de amparo y la medida extraordinaria tiene que ser contra el gobierno nacional así va ser”.






TERMAP



Consultado sobre la resolución de la Justicia Federal respecto al conflicto con la planta, dijo no desconocer que esto sería así, porque los poderosos generalmente están protegidos. "La decisión de la clausura no se tomó en 22 años, la tomamos nosotros con escasos 20 días de gobierno y sabíamos que enfrentarnos a los poderes del estado y a todos los



poderosos juntos, porque TERMAP incluye a todas las operadoras, iba a ser difícil”.



Asimismo, hizo hincapié en que la Justicia Federal no se expidió sobre la cuestión de fondo, en relación "a el sí o el no al cobro del tributo, se expide únicamente sobre la clausura, no sobre el cobro a la habilitación de comercio, el almacenamiento de crudo y todo lo que tiene que ver con las tasas y contribuciones municipales que pagan todos los vecinos”. Y declaró que no hubo posibilidad de diálogo con ninguna de las operadoras, "porque están escondidas atrás de TERMAP; en el propio recurso de amparo que presentaron sus abogados pone que le llama poderosamente la atención por qué este intendente les quiere cobrar y por qué les clausura si los otros nunca le cobraron ni clausuraron”.






TRANSPORTE PÚBLICO



También en este punto dijo que siempre actuó con claridad, el consorcio firmado, al que la municipalidad accedió a firmar la prórroga, contenía una cláusula que mantenía el servicio sólo por 90 días, "esa cláusula la estableció la empresa, la condición era irse de Caleta Olivia. Como las otras dos empresas con las que hablamos, que cuando empiezan a ver no quieren venir a Caleta Olivia, a cualquier lado pero acá no”, pero aseguró que se está trabajando fuertemente para poder revertir esta situación, aún teniendo en cuenta que el subsidio al transporte le cuesta a la municipalidad entre 800 y 1 millón y medio de pesos más, "es decir que habría que sumárselo al déficit que ya tenemos” concluyó.