Horror en Punta Arenas: lo condenaron a prisión perpetua por violar, abusar y explotar sexualmente a 5 menores

El caso estremeció a la ciudad de Punta Arenas y a todo Chile. Pablo Manuel Millapel Rodríguez, de 42 años, fue condenado a presidio perpetuo simple por una serie de crímenes sexuales aberrantes: violó y abusó sistemáticamente de adolescentes que se encontraban bajo custodia del Estado, en hogares protegidos por orden judicial.

La sentencia se conoció este viernes tras un juicio oral que expuso una trama de explotación sexual infantil organizada, en la que el condenado contactaba a las víctimas -niñas de entre 13 y 17 años- a través de redes sociales como Instagram y WhatsApp. También usaba la app de citas Grindr para buscar menores.

Los encuentros se concretaban en el motel "Las mil y una noches" o en su propia casa del barrio Barranco Amarillo, al norte de la ciudad. A cambio de sexo, Millapel ofrecía dinero, alcohol, drogas, cigarrillos y alimentos. Según la fiscal Wendoline Acuña, se trató de delitos cometidos en "un contexto de grave desamparo y vulnerabilidad".

Una de las víctimas, de apenas 13 años, narró cómo junto a otra adolescente de 16 años se escapó del hogar donde residía para ir a un motel. Allí recibieron sustancias y fueron abusadas. Al día siguiente, la menor regresó sola al domicilio del agresor, donde fue violada, drogada y amenazada. "Si hablas, te mato. Después me mato yo", fue una de las frases que terminó de quebrarla. Su testimonio destapó una cadena de horrores.

Los jueces del tribunal -Rosana Vidal, Jaime Álvarez y José Octavio Flores- consideraron acreditadas más de una decena de agresiones sexuales. "El acusado actuó con conocimiento pleno de las edades de las víctimas y su extrema situación de abandono", destacaron en la sentencia. Muchas de las adolescentes afirmaron haber recibido drogas antes de los encuentros, y relataron amenazas constantes para mantener el silencio.

El caso salió a la luz luego de que una de las menores denunciara amenazas de muerte por parte del acusado, lo que llevó a la investigación de otros episodios similares. La condena impuesta busca sentar un precedente en la lucha contra la explotación sexual infantil, garantizando justicia para las víctimas y reforzando la protección de menores en riesgo.