Cuestionan al intendente Gardonio por querer desalojar el Barrio Popular Patagonia Argentina

*Por Miguel Del Pla

Comité provincial del Partido Obrero



En estos días se aprobó en Diputados de la Nación la prórroga de la Ley 27453 que establece beneficios para las villas y asentamientos registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) que posterga por 10 años cualquier desalojo y cubre a más 5 millones de personas que habitan terrenos o barrios donde no está regularizada la propiedad. 

La ley que fue sancionada originalmente en la administración macrista, obtuvo la prórroga con el apoyo de 227 diputados, entre ellos 39 del PRO, todos los de la UCR, del FDT y de la izquierda.

Horas después Patricia Bullrich escandalizada por el voto de sus propios correligionarios, repudió la decisión, colocándose a la derecha de la derecha, lo que le valió a su vez un llamado al orden de varios diputados del PRO que señalaron que la Ley abarca a millones de personas que se hallan en la posición más vulnerable y deben ser por lo tanto protegidas por el estado.

¿Cómo terminaron las autoridades de San Julián, que se mentaban como progresistas y democráticos, con sensibilidad social, al lado de Bulrich en el extremo represivo e intolerante del país todo? Ellos deberán dar y darse una respuesta.

El Intendente Gardonio, el Secretario Azuri y por supuesto el Juez Pío Pala y las autoridades políticas nacionales y provinciales que se aprestan a realizar un gravísimo e innecesario hecho represivo, son todos responsables de la violencia del estado contra los más vulnerables.

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se ha pronunciado en apoyo a las vecinas y vecinos y especialmente de los niños que están en riesgo, reclamando a la justicia por el cumplimiento de los pactos internacionales y de toda la legislación que protege a las y los niños, niñas y adolescentes. Concretamente en el escrito presentado sostienen que en caso de un desalojo debe “asegurarse vivienda adecuada”, que es precisamente lo que nadie ha resuelto a la hora de decidir dejar en la calle a estas 48 familias y más de 50 niños que habitan el barrio.

Conclusión: La amenaza de desalojo del Barrio Patagonia Argentina en San Julián va a contramano de las decisiones políticas de la inmensa mayoría del espectro político para situaciones similares, muestra una política derechista y represiva, no ha previsto alternativas de vivienda adecuada y por lo tanto es un hecho antipopular, represivo, de no respeto a las mujeres y niños más vulnerables y carece de cualquier urgencia ya que ese barrio hasta que lo habitaron estos vecinos, llevaba 10 años abandonado.

Llamamos una vez más a todas las organizaciones populares, a cada vecina y vecinos, a cada trabajador y trabajadora que nos solidaricemos para frenar este atropello y evitar cualquier situación de violencia en Puerto San Julián.

Estamos a tiempo…