Jueves 15 de Diciembre de  2022 // 09:05 hs

Diputado Santi solicita mayor presupuesto para el Consejo Agrario Provincial

El legislador de Puerto Deseado, Carlos Santi considera que el organismo necesita recursos para  afrontar los gastos inherentes a la supervisión y control del uso de los recursos hídricos, reservas y todo lo inherente a su supervisión de los cuales son responsables de controlar. 

Diputado Carlos Santi
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El diputado por el municipio  deseadense,  Carlos Santi se prepara para solicitar  se otorguen mayores recursos económicos al CAP (Consejo Agrario Provincial).   

“Esto obedece a la falta de parque automotor sobre todo en el interior provincial, para todo el control que tiene bajo su área. No sirve de nada desmembrar el Consejo, como hay varios proyectos o declaraciones que lo único que van a hacer es distribuir los pocos recursos y aumentar los gastos del estado en crear nuevas secretarías, indicó el legislador.

“Por eso – agregó- vamos a recomendar que se estudie la sanción de una norma legislativa que garantice que un porcentaje no menor al 15 % de lo recaudado por el Consejo Agrario Provincial en concepto de cánones, derechos, permisos y concesiones establecidos por la autoridad de aplicación, quede de manera automática y a medida que ingresen, en la cuenta del CAP, para ser utilizado por el Organismo para afrontar los gastos inherentes a la supervisión y control del uso de los recursos hídricos , reservas y todo lo inherente bajo su supervisión de los cuales son responsables de controlar”, explicó. 

“El Consejo Agrario Provincial es la autoridad de aplicación en la ley provincial de aguas N° 1.451, según lo establecido en sus artículos 2 y 3.  Dicha norma se encuadra en la ley provincial 1009 de creación del Consejo Agrario, creación y funciones establecidas en los artículos 71 y 74 de la Constitución de la provincia de Santa Cruz”,  remarcó el diputado deseadense. 

“Tal es la importancia que se le da al ente y a esas funciones. Dicho cuerpo normativo -y especialmente lo referido a la ley provincial de aguas N°1.451 y modificatorias- le imponen al organismo numerosas responsabilidades que el mismo debe llevar adelante, principalmente mediante la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRRHH) y en particular en lo referido al dictado de normas específicas, el registro, control y supervisión a campo, y sanciones si las hubiere”, sostuvo  al justificar el pedido. 

Para añadir más adelante que: “También le asigna el asesoramiento, habilitación y suspensión de las obras que impliquen el uso del recurso, tanto público como privado. Asimismo, la autoridad de aplicación está facultada por el artículo 107 de dicha ley, para establecer los cánones, tasas y contribuciones correspondientes al uso del agua, y de la misma forma, imponer y graduar las multas que surgen de las infracciones, y determinar el mecanismo para su efectivo cobro”. 

Santi remarcó que: “Todas estas responsabilidades del Consejo Agrario deberían ser financiadas por la misma recaudación que el propio organismo genera por esos conceptos, de manera de asegurar su continuidad e incluso aumentar lo recaudado vía la mejora en el control a campo”. 

“De lo contrario, el organismo gira todos los fondos a la tesorería, para luego recibir fondos operativos para afrontar los gastos; generalmente tarde y escasos. Menos aún se pueden realizar las mínimas inversiones en vehículos y equipamientos, los que quedan sujetos a la lista de espera. De esta forma no sólo no se pueden realizar las tareas de supervisión sino que menos aun aumentar la recaudación”, justificó. 

Tener asegurado un presupuesto mínimo para su funcionamiento sería a costo cero, pagado con los recursos que hoy no ingresan.

“Asimismo, serán afectados a la adquisición de vehículos, maquinarias pesadas, perforadoras, obras de arte, instrumental, equipamiento informático y de precisión, y toda otra inversión en bienes, servicios y contrataciones que contribuyan al cuidado y uso racional del recurso, incluyendo las tareas a campo como atención y mantenimiento de canales, perforaciones, nivelaciones y otras obras de infraestructura”. 


“También integraran dichos fondos y de igual procedimiento operativo, el 100% de lo recaudado en concepto de multas por infracciones y contravenciones, para el mismo uso descripto anteriormente”, cerró.