Santa Cruz debería haber percibido de Nación de 1.700 millones de dólares en regalías petroleras y gasíferas

Según el Informe,  elaborado por  Elsa Frattari CPN, de la provincia  de Neuquén,  y es  consultor técnico de otras provincias petroleras,  la liquidación de las regalías hidrocarburíferas siempre ha sido una de las causas más comunes de los conflictos administrativos y legales entre la Nación y las provincias productoras de petróleo y gas. Los problemas esenciales están relacionados con la forma  o metodología  aplicada para determinar el valor de los hidrocarburos sujetos al pago de las regalías fijadas en la Ley N° 17.319 y normas complementarias.

Las formas o metodologías  utilizadas en nuestro país han sido: 

a)adoptar precios internos o, 

b)aplicar precios de referencia  internacionales. 

En este punto el informe explica detalladamente la historia de la liquidación de las regalías, y que  si  bien es extenso explica como un recurso no renovable y que pertenece a las provincias queda son liquidadas incorrectamente a los territorios, entre ellos Santa cruz. 

A mediados de la década de 1970 las provincias productoras comenzaron a cuestionar la forma de liquidación que efectuaba el gobierno de la dictadura militar; la misma se basaba en precios boca de pozo del mercado local regulados que no guardaban ninguna relación con los precios internacionales. En 1980 el Estado nacional intentó corregir los defectos del sistema criticado por las provincias productoras, abandonando los precios locales regulados y adoptando un “precio de referencia” relacionado con el precio internacional del petróleo; sin embargo esta intención no tuvo verdadera aplicación porque fue afectada por restricciones fiscales y/o por el fenómeno inflacionario. 

Estas erráticas políticas de liquidación generaron significativos perjuicios a los intereses de las provincias productorasque, en la década del ’80, dieron lugar a la iniciación de acciones judiciales por parte de las provincias contra el ESTADO NACIONAL. 

Las desinteligencias mencionadas parecieron disiparse el 1° de setiembre de 1989 cuando el Congreso Nacional dispuso, por Ley N° 23.697, que  las regalías de petróleo tendrían que abonarse a las provincias,  de acuerdo a una canasta de precios internacionales mientras que, para el gas natural, el precio de referencia sería el 70% del valor que resultase de equiparar a equivalencia calórica,  el determinado para el petróleo.

En la  década de 1990,  el Poder Ejecutivo Nacional  durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, avanzó con el proyecto privatizador de la economía (que impulso EEUU) y que produjo un masivo traspaso de activos de entidades del Estado Argentino (Y.P.F. S.E., FERROCARRILES, ENTEL, GAS DEL ESTADO entre otras tantas)  a las empresas privadas o corporaciones internacionales, con el consabido perjuicio que esto ocasionó al patrimonio nacional. 

Consecuente a ello, el 5 de julio de 1990 el Poder Ejecutivo Nacional arrogándose facultades legislativas (que están condenadas en nuestra Constitución Nacional  en el art.99 inc 3°)  sanciona el Decreto  N° 1757, comenzando así con el proceso desregulador de la industria del petróleo (así se privatizaron desde áreas / yacimientos, instalaciones, ductos, refinerías) y  se estableció que las provincias productoras de petróleo y gas percibirían sus Regalías a valores de mercado interno en clara flagrancia de la Ley 23697  que establecía que dichas regalías se pagarían a precios internacionales; perjudicando notablemente los erarios provinciales y por efecto cascada,  también a los municipios productores.

Es importante destacar que en el momento  de realizar la PRIVATIZACIÓN DE Y.P.F.,  entre 1991 y 1992,  las provincias productoras transaron la finalización del primer juicio de regalías en el marco de lo dispuesto por los Artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 24.145, generando importantes recursos a las provincias reclamantes.

En esa carrera, se generaron una serie de errores que hasta hoy no llegaron a ser saneados y es muy significativo destacar que dicha política fue continuada por los sucesivos gobiernos hasta el presente.

Salvo excepciones, las provincias productoras en lugar de luchar por sus recursos naturales no renovables y defender las rentas provenientes del petróleo y del gas (en el contexto de precios internacionales del petróleo en alza),  han aumentado los impuestos y tasas (provinciales y municipales) elevandola presión impositiva global a límites insoportables para los contribuyentes;  adicionando a esto una inflación del 25% anual (o más) que erosiona aún más el ingreso real per cápita.

De lo expuesto se puede aseverar que, los sucesivos gobiernos nacionales no han respetado el cuerpo legal argentino, tratando de capturar parte de esa renta petrolera, favoreciendo a las empresas privadas en detrimento de las provincias, de sus municipios productores y de todos los habitantes. 

Es dable destacar que en el año 1997 el entonces gobernador de Neuquén, Sr. Felipe Sapag advirtiendo que las regalías petrolíferas y gasíferasse estaban liquidando incorrectamente, inició formal reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía de la Nación y en virtud al silencio de este organismo,  presentó  el reclamo judicial de estas  acreencias adeudadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de agosto de 1999, el cual se encontraba en proceso judicial muy avanzado y que fuera desistido por el actual gobernador Jorge Sapag, con el objeto de refinanciar (no condonar) deudas de la provincia sustancialmente menores a los montos a percibir por esos juicios. Esto fue convalidado por la Legislatura Provincial mediante la Ley  N° 2752 sancionada el 14 de diciembre de 2010, en el marco del “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” (Dec. 660 del año 2010)renunciando asía juicios millonarios que hubieran permitido sanear las alicaídas finanzas provinciales. Cabría señalar que la provincia tendría que hacerse cargo de los honorarios profesionales de los abogados  que representaban a la misma y que asumirían valores muy importantes (recuérdese el caso del Dr. Punte abogado que litigaba por la provincia del Neuquén en el anterior juicio de regalías).

Similar circunstancia ocurre en Chubut, donde el actual gobernador Sr. Buzzi ha desistido de importantes juicios contra la Nación por cobro de regalías hidrocarburíferas, iniciados por su predecesor Sr. Mario Das Neves,  para renegociar (no condonar) deudas de la provincia del Chubut con el Estado Nacional, sustancialmente menores a los montos a percibir por esos juicios;  generando esto una situación de incertidumbre respecto de los honorarios de los profesionales participantes,  de los cuales tendría que hacerse cargo la provincia.

La firmante es consultor técnico de otras provincias petroleras y puede afirmar que algunos estados provinciales no han desistido de juicios similares porque tienen saneadas sus economías y continúan con ese reclamo, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A modo de ejemplo, se presenta un esquema de elaboración propia (basándose en datos de la Secretaría de Energía de la Nación),  que muestra los montos que en concepto de regalías, tendrían que haber recibido las provincias petroleras en el decenio 2000/2009:

En el caso  de   Santa Cruz esto resultaría en   1.286.707.266 de dólares en concepto de regalías  hidrocarburíferas  y  510.207.679 en cuanto regalías gasíferas.  (En total,  durante nueve años, la provincia debería haber percibido 1.796.914.945   de dórales, una cifra que equivaldría actualmente cubriría el Presupuesto de Santa Cruz durante un año).                

Como última reflexión cabe señalar que, es muy importante defender nuestros recursos no renovables (como el petróleo  y el gas) y sus regalías; para desarrollar con los mismos otras actividades que le den sustento a la provincia a largo plazo, p.e. ampliar la matriz productiva, invertir en el desarrollo de recursos renovables y  energías limpias para dejar de ser un gobierno cortoplacista.Además los estados provinciales necesitan de esos recursos para solucionar carencias en salud, educación,  viviendas, caminos, vías férreas, etc.; y evitar que esos multimillonarios  ingresos tengan un destino desconocido por la sociedad.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación