La Plataforma Interamericana de derechos humanos también se manifestó contra el diputado Contreras

Nuestra Institución posee un profundo respeto por el trabajo que se ha logrado desde el compromiso personal  de las funcionarias actuales  en la lucha contra la trata, ese compromiso político personal  ha logrado avances significativos en distintos municipios como Gobernador Gregores, comandante Luis Piedrabuena,  Los Antiguos y la misma Caleta Olivia que comenzó una `prohibición sobre los Vip que debe continuar sobre la totalidad de prostíbulos  y en lo esencial frente a cada hecho de trata de personas judicializado la intervención siempre existe a partir de ese compromiso personal de Roxana Tottino y Norma Cabas, sin lograr afianzar una institucionalidad que otorgue el marco, estabilidad y recursos para afrontar la lucha contra la trata.
Durante décadas la costumbre “contra lege” de la mayoría de los municipios que aun hoy no se suman a erradicar los prostíbulos y el proxenetismo participan de la explotación sexual de mujeres con eufemísticos nombres que en definitiva no ocultan la verdad que se cuela en las palabras de miembros del poder político que conciben desde distintos partidos y posiciones políticas a la mujer como un objeto de consumo de los varones.  Estas expresiones no son exclusivamente personales son también institucionales y no poseen un único color partidario sino un estándar en la concepción del modelo de desarrollo y el lugar que NO SE OTORGA a la mujer en ese modelo de desarrollo.
Santa Cruz en una provincia que ha recibido en décadas a poblaciones migrantes laborales, una oportunidad para crecer desde el empleo, ahora bien esa oportunidad en este modelo de desarrollo es solo adjudicada a los varones y a las mujeres les reservan el lugar de objeto de consumo el lugar de PUTAS del modelo de desarrollo para que la minería crezca, para que la represa se ejecute y el dinero de los sueldos de los varones contratados se gaste en la industria de la explotación sexual de las mujeres,  se realizan acuerdos  entre  el estado, sus funcionarios y los proxenetas transformados en “respetables comerciantes” como dice la Cámara Criminal de Comodoro Rivadavia.
Nuestra organización junto a otras organizaciones propuso a la Cámara de Senadores de la Nación y esta aceptó que el Ministerio de ´trabajo sea parte esencial del núcleo de Ministerios responsables en la prevención de la trata y en la restitución de derechos a las víctimas de esas violaciones.  Y no nos equivocamos cuando centramos el reclamo en esa cartera, somos mujeres migrantes no SOMOS PUTAS y merecemos las mismas oportunidades en el empleo que los varones.
La ley cambio ahora cada gobernador o gobernadora, cada diputado o diputada, cada intendente o intendenta, cada concejal, cada ministro o ministra que sostiene el  proxenetismo en la provincia, con las libretas sanitarias, con las Whiskerías, con los bares,  destinados a explotación sexual comete un delito como partícipe necesario. Son una parte inescindible del  delito de  explotación sexual. Y esta explotación está penada  exista o no exista trata de personas.
El tratante y el proxeneta son responsables penalmente por sus actos y cada funcionario que colabora, apoya, sostiene ese proxenetismo se convierte en un participe del delito agravando su conducta porque ejercen la función pública.
No basta pedir disculpas tienen que actuar para crear en la provincia la Unidad de lucha contra la trata , dotarla de recursos, adecuar la legislación provincial al convenio del año 1949 y erradicar las vetustas normas administrativas municipales que constituyen la base sobre la cual los proxenetas regentean los prostíbulos en la provincia.
No es una infracción administrativa es un crimen cometido esencialmente contra mujeres.
La reforma es clara y transparente en la descripción de la conducta y la sanción:
Artículo 125 bis: El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima.
 
Y a partir de la reforma no existe NINGUNA POSIBILIDAD de que los funcionarios políticos y los proxenetas puedan esgrimir que las mujeres prestan su consentimiento para ser explotadas, el crimen se CONSUMA IGUALMENTE, habiendo explotación sexual hay delito.
El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.
Artículo 126: En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
….
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.
 
                                             
Santa Cruz es parte de una región de la que participa el hermano país de Chile y otra provincia con especiales dificultades y escasa o nula decisión política para erradicar de su cultura, economía, educación, la explotación sexual de mujeres , se trata de la provincia de Chubut.
El concepto de región es el más indicado para abordar con seriedad y compromiso la lucha por la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual, desde la PIDHDD en pocas incursiones en los ámbitos de transporte público de pasajeros se pudo detectar las vías por las que ingresan al sur las redes de explotación sexual de  mujeres, una de las vías esenciales es la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Con este comunicado queremos expresar que también lamentamos que el poder político de todos los colores partidarios no jerarquice la actividad de las mujeres funcionarias que luchan, de los abogados que trabajaron en las reformas de las normas en Santa Cruz para incluir la adhesión al Convenio del año 1949, de l@s diputados y concejales que dieron la cara para empezar a desandar la impunidad.
 
Sara Torres Coalición Contra el Tráfico y la Trata de Mujeres-   PIDHDD
Sonia Sánchez Mujeres Migrantes EQBA PIDHH
Ana Chavez Mujeres Migrantes  EQBA PIDHDD
Alberto Maruco Mujeres Migrantes PIDHDD
                                                                                              Alba Lanzilloto Coordinadora PIDHDD