El gobernador otorgó por decreto el aumento al sector docente

El gobernador, Daniel Peralta habló por cadena provincial y propuso al sector docente un aumento del 25% a pagar en dos cuotas: 12% desde marzo, y 13% a partir de junio.
En un discurso que duró aproximadamente 30 minutos y que fue un raconto de todo el conflicto docente que hoy cumplió 50 días de paro por tiempo indeterminado, el mandatario sostuvo:  “Por lo expuesto y en función he resuelto  instrumentar un aumento,   de una ultima oferta”.
Además adelanto que instruyó al Fiscal de Estado, Carlos Ramos, para que efectúe una presentación en la justicia para declarar la ilegalidad del paro.
Finalizando declaró que “no hay mas excusas para no dar clases, o  realizar bloqueos a yacimientos petroleros”.
Agregó que “Tenemos los sueldos docentes mas altos del país aun sin aplicar”.
En este marco sostuvo que «las actuales circunstancias, el análisis de los hechos tal como han sido descriptos, me lleva a tomar decisiones a efectos de salvaguardar el interés público y sobre todas las cosas el ciclo lectivo anual de ciento ochenta días que establece la Ley 25.864, que se ha visto seriamente afectado por la prolongación injustificada de este conflicto para lo cuál habrá que trabajar en la reformulación de contenidos».
De esta manera informó que «he resuelto instrumentar un aumento al sector docente consistente en la última oferta del 25% que fuera llevada a las paritarias pero en dos cuotas: 12% retroactivo al mes de marzo y el 13% restante en el mes de julio. Oportunamente se fijará un cronograma de desembolsos de los retroactivos que se ha originado».
En este contexto agregó que «también debo manifestar al pueblo de Santa Cruz que en el día de la fecha la Fiscalía de Estado ha realizado una presentación judicial solicitando se declare la ilegalidad de la huelga.
El derecho de huelga se encuentra protegido por la Constitución Nacional en su Art. 14 bis y en la Constitución Provincial por el Artículo 62, pero el mismo no es absoluto puesto que se encuentra limitado por el bien común que marca la línea divisoria entre el ejercicio legítimo y abusivo».

Paso a paso
En otro momento de su discurso, el mandatario provincial realizó un exhaustivo detalle de todas las acciones llevadas adelante para solucionar la situación. De esta manera comenzó indicando que «este año 2011 comenzó con un llamado a la esperanza y al diálogo, en el mensaje dirigido al Pueblo de Santa Cruz al iniciarse las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, dije que el camino del desarrollo requería, necesariamente, que debían y deben realizarse concertaciones y alianzas que permitan entender a la educación como una genuina política de Estado, que tiendan a lograr la tan ansiada cohesión social, desarrollando estrategias que permitan compensar las desigualdades para lograr una justicia educativa».
«De la misma forma –agregó- reitero que no tenemos ninguna duda en apostar a un modelo en el cual el trabajo y la educación se conciban a partir de la recuperación de su papel histórico como herramientas de inclusión y dignificación de los ciudadanos. Como siempre lo hice, manifesté claramente que en materia de recomposición salarial, con paritarias abiertas, nuestra premisa central era realizar los mayores esfuerzos para arribar a los acuerdos pertinentes con los diferentes sectores».
En este marco señaló que «con apego absoluto a la Ley de Paritarias (2.986) se resolvió la pauta salarial de todo el sector público, provincial y municipal, que incluyen a nuestros jubilados, quienes perciben el 82% móvil. Existieron discusiones, debates, intercambios de ideas, buena voluntad y los trabajadores y las conducciones gremiales de los entes autárquicos y descentralizados entendieron, con criterio solidario, que el mayor esfuerzo debía hacerse para los trabajadores de la Ley 591 y municipales, sectores históricamente más postergados».
Al respecto destacó que «a ninguno de esos trabajadores se les ocurrió como medida de protesta, bloquear yacimientos, ocupar edificios públicos o cortar rutas a sus conciudadanos, ocultándose con pasamontañas y portando elementos intimidantes, afectando a toda la comunidad santacruceña anteponiendo sus intereses sectoriales.
Todos entendieron que el esfuerzo compartido y la paz social implican, necesariamente, transitar el camino del desarrollo de la provincia, en un contexto nacional histórico e irrepetible. Una pequeña minoría así no lo entendió, condicionando el futuro de los santacruceños».
En este punto se preguntó si «será que los que generan los conflictos quieren verse en los medios nacionales de televisión o será que aquellos que, con su silencio, justifican este accionar y que no tienen la misma actitud cuando se afectan sus intereses personales o comerciales, creerán que esto les trae rédito personal o político».
Más adelante recordó que «en cuanto al sector docente, señalé en el mensaje al pueblo de Santa Cruz que esperábamos una presencia activa, protagónica y responsable, pensando básicamente en el interés común y, con total humildad, expresé el anhelo de renovar el compromiso por el cual cada uno de nuestros docentes eligió ese noble oficio para demostrar que entre todos somos capaces de continuar construyendo mejores oportunidades de aprendizajes». En este marco reconoció que «muchos docentes de Santa Cruz, compartieron el mensaje, brindaron su esfuerzo diario en condiciones a veces de gran adversidad, entendiendo que existe un fin loable y superador de toda coyuntura política o económica: forjar mejores ciudadanos para el futuro de esta gran Provincia. A ellos, en nombre de la investidura que el pueblo me ha otorgado: mi más sincero agradecimiento, por haber soportado las agresiones y descalificaciones de aquellos que se dicen colegas».
Por ese motivo, Peralta sostuvo que «otros sectores representantes de algunos docentes a los que se agregaron ciertos personajes políticos que aprovecharon las circunstancias movidos por algún afán de protagonismo ilegítimo, ingresaron en un conflicto que día a día fue profundizándose hasta llegar a límites lindantes con el hartazgo colectivo y la violencia hasta extremos insospechados queriendo reemplazar el acto eleccionario arrogándose funciones que el electorado nunca les confirió».
Fue categórico al manifestar que «quiero ser absolutamente claro en cuanto a los canales de diálogo y las ofertas que fueron haciéndose a medida que se fueron llevando adelante las paritarias con la A.Do. Sa.C. y A.M.E.T. El día 22 de Febrero, antes del inicio del ciclo lectivo, comenzaron las reuniones paritarias con los representantes sindicales, que, conforme el Acta que así lo acredita, solicitaron un aumento del cincuenta por ciento (50%) a partir del mes de marzo.
En esa audiencia paritaria, los representantes del Poder Ejecutivo manifestaron, claramente, la voluntad de otorgar un aumento, y solicitaron una nueva convocatoria en el mes de marzo donde se iba a concretar tal oferta, al igual que a los restantes sectores de la administración pública provincial y municipal».
«Allí –continuó- los representantes sindicales señalaron que anteriormente se había votado el no inicio del ciclo lectivo 2011 y a pesar de la solicitud de nuestros paritarios, que sólo solicitaban un lapso prudente, el día 28 de fbrero de 2011 fecha de inicio del ciclo lectivo, se llevó adelante un paro provincial dispuesto por ambas organizaciones sindicales».
Por esta razón volvió a preguntarse si «era necesario privar a los educandos de la provincia de Santa Cruz del primer día de clase con toda la noble expectativa que genera tal situación», al tiempo que se respondió que «evidentemente no». El mandatario provincial continuó con su cronología indicando que «posteriormente, no obstante se había notificado que el día 18 de marzo habría una propuesta salarial, el día anterior llevaron adelante otro paro de actividades», en tanto, recordó que «el día 18 de marzo el Poder Ejecutivo presentó una propuesta salarial consistente en un aumento del veinte por ciento (20%) del valor índice que determinaba el básico docente, en tres (3) etapas distribuidos en los meses de abril (10%), julio (5%) y octubre (5%), terminado la escala salarial con los siguientes valores: Zona 100% : $.4.542,80, Zona 140% : $5.044,27 y Zona 180%: $5.545,74, aclarándose que tales conceptos son sin cargas familiares, ni antigüedad».
El Gobernador señaló que «ambos sindicatos plantearon que la oferta para ellos era insuficiente reiterando el pedido del 50%, sin otra opción», en tanto, «el 29 de marzo los representantes del Poder Ejecutivo presentaron una nueva propuesta salarial consistente en un aumento del veinticinco por ciento (25%) del valor índice que determina el básico docente, en tres (3) etapas distribuidos en los meses de marzo (12%), julio (8%) y septiembre (5%), terminando al final los salarios de la siguiente forma: Zona 100% . $4.732,02, Zona 140% : $5.245,39 y Zona 180%: $5.767,76, sin cargas familiares, ni antigüedad, o sea, un maestro recién ingresado a la actividad».
«Como respuesta a esa propuesta hubo paros el 30 y 31 de marzo y los días 4 y 5 de abril por parte de A.DO.SA.C. y los días 4, 5 y 6 de bril por parte de A.M.E.T y posteriormente ambos sindicatos comunicaron medidas de acción directa para los días 12, 13 y 14 de abril» rememoró, al tiempo que continuó con su relato puntualizando que «el día 12 de abril se produjo una agresión de algunos integrantes del sindicato de la construcción en la localidad de 28 de Noviembre donde fueron víctimas trabajadores manifestantes entre ellos afiliados de A.DO.SA.C., lo que fue objeto de una contundente condena por parte de este gobernador, que siempre sostuvo que los hechos de violencia son ajenos a un estado de derecho».
En este marco, recordó que «el día posterior comenzó el paro por tiempo indeterminado», y en este contexto, enumeró que «el 28 de abril el Consejo Provincial de Educación (C.P.E.) realizó una nueva propuesta salarial del 25%, pero acortando los plazos y variando los porcentajes de distribución. Tal aumento significa un esfuerzo financiero aproximado de 160 millones de pesos al año y determina que se destine al sector docente sobre la masa salarial total un 36,7% que significa más de un tercio del total de la misma».
Más adelante tras explicar que «acceder al 50% de aumento solicitado por los sindicatos significa concentrar en 9361 docentes la mitad del gasto salarial del Estado», dijo que «en la misma audiencia, las entidades gremiales, consideraron insuficiente la propuesta porque expresaron que se mantenía el porcentaje final y el escalonamiento, sin incorporar la devolución de los días no trabajados y ratificaron el pedido del 50% de aumento».
El Gobernador continuó su resumen indicando que «teniendo en cuenta la persistencia del paro por tiempo indeterminado y a efectos de lograr las condiciones necesarias para continuar dialogando, se solicitó, a través del Consejo Provincial de Educación, el dictado de la conciliación obligatoria.
Esta herramienta de resolución de conflictos se encuentra prevista en la Ley 23.929 de «Negociaciones Colectivas de Trabajadores Docentes», en el Capítulo III de la Ley de Paritarias 2.986 y en la Ley 2.450 de Procedimiento Administrativo en lo Laboral».
En relación a la medida sintetizó diciendo que «la Conciliación Obligatoria, dictada el 2 de Mayo, nos daba la posibilidad de analizar durante quince días hábiles las alternativas de solución, sin tener que lamentar más días de clases perdidos y retrotraer el estado de cosas al 13 de Abril», y en ese marco subrayó que «las entidades sindicales no sólo no la acataron, sino que profundizaron las medidas de fuerza con más tomas de edificios públicos, cortes de ruta por tiempo indeterminado, bloqueos de los yacimientos petrolíferos, en algunos casos recreando las condiciones para la toma de los colegios e inclusive llegando a técnicas de protesta deleznables como por ejemplo el escrache en el domicilio particular del Presidente del Consejo Provincial de Educación, Profesor Roberto Borselli».
«El paro por tiempo indeterminado siguió vigente y en algunos casos con amenazas a trabajadores que tenían intenciones de volver a las aulas» mencionó, en tanto, refirió que «la audiencia de conciliación, que estaba prevista para el 5 de mayo, fracasó por cuanto las entidades sindicales no suspendieron las medidas de fuerza, ni tampoco concurrieron a la misma. Esa falta de asistencia llevó a la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social a intimar a ambas entidades a que en un plazo de 24 horas., cesen las medidas de fuerza adoptadas y se retrotraiga el estado de cosas, lo cuál tampoco no fue acatado». De esta forma expresó que «como resultado de esa inasistencia la Secretaría de Trabajo procedió a aplicar una multa tanto a A.Do.Sa.C. como A.M.E.T., tal como lo establece el Capítulo V de la Ley 2.450, por cuanto las conductas adoptadas han infringido el marco normativo laboral desoyendo y obstruyendo deliberadamente las disposiciones dictadas por la autoridad laboral competente. Tampoco entonces se depuso la actitud de las entidades gremiales».
En el plano judicial, Peralta detalló que «el día 13 de mayo el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1, con asiento en la ciudad de Río Gallegos, dispuso intimar a ambas entidades sindicales a efectos que acaten de manera inmediata la conciliación obligatoria dictada, bajo apercibimiento de fijar astreintes por cada día de demora e incumplimiento, sin perjuicio de dar intervención oportunamente a la justicia penal para la investigación del delito de desobediencia (Art. 239 del Código Penal)».
«El fallo –sostuvo- no fue acatado a pesar que los representantes sindicales concurrieron a una audiencia de conciliación ante el mismo Juez, lo cuál fue resaltado por el magistrado el día 23 de mayo en una providencia en la cuál señaló como circunstancia muy grave el hecho del no acatamiento de la medida judicial». De esta forma expuso que «habiéndose apelado la sentencia por parte de ambas organizaciones sindicales, el día 10 de Junio y previa audiencia de las partes, por unanimidad la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial resolvió rechazar los recursos deducidos por A.M.E.T., y la A.Do.Sa.C.». «Justamente –afirmó- en ese fallo la Cámara de Apelaciones le indicó a los sindicatos que no se puede volver a recurrir esa decisión porque además de ajustarse a derecho la misma, no utilizaron la vía contenciosa administrativa de la Ley 2.600, alternativa que no fue utilizada en los plazos estipulados para ello, ni ante los jueces competentes para resolverlo».
El Gobernador declaró que «en función de lo resuelto por la justicia y ante la gravedad de la situación del paro por tiempo indeterminado, la Secretaría de Trabajo procedió a cumplimentar la manda judicial y en consecuencia a intimar a ambos sindicatos al acatamiento de la conciliación obligatoria y se fijó fecha de audiencia para el día 13 de junio. A pesar de eso y en una actitud intolerable para un estado de derecho, los sindicatos no cumplieron la ley. En la notificación de la audiencia se señaló a ambas organizaciones que el acatamiento de la conciliación significaba que se debía disponer de manera inmediata el cese de las medidas de acción directa adoptadas» El mandatario provincial concluyó su resumen de acciones acotando que «en el día de ayer se llevó adelante la audiencia de conciliación obligatoria y a pesar de las múltiples intimaciones administrativas o judiciales, no se suspendieron las medidas de fuerza, siguió el paro por tiempo indeterminado, continuaron los bloqueos de los yacimientos, la toma de los edificios públicos, entre otras».

Sin fondos por bloqueos
El mandatario provincial tuvo párrafos especiales para explicar cuáles fueron las consecuencias de las medidas de fuerza para las finanzas provinciales, y en relación a esto expresó que «justamente las recurrentes tomas o bloqueos de acceso a los yacimientos, acontecidos durante los meses de abril, mayo y lo que va de junio, en función de los conflictos petroleros y docentes, han impedido el ingreso de aproximadamente 200 millones de pesos solamente en concepto de regalías e ingresos brutos». Tras aclarar que «esos 200 millones de pesos que no pudieron ser invertidos en salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura», recordó que «el Estado Nacional se vio perjudicado en más de 900 millones de pesos».
En este contexto aseguró además que «el bloqueo de los yacimientos ha determinado que empresas productoras de hidrocarburos tales como Synopec hayan suspendido las operaciones, poniendo en riesgo innumerables fuentes de trabajo de santacruceños. Actualmente, más de 4.000 puestos de trabajo en forma directa, se ven seriamente comprometidos».
Al respecto sentenció que «si entendemos que el resto de las operadoras, podría seguir el mismo camino ante el extorsivo e inentendible bloqueo de los yacimientos que forma parte de un lamentable proceso basado en el chantaje permanente, en el erróneo entendimiento que quitándole recursos a una provincia ya golpeada podría de alguna manera cambiar la actual situación salarial, es que nos preguntamos hacia quien o quienes beneficia la pérdida de recursos para más de 280.000 santacruceños».
«También –agregó- nos preguntamos si un sector puede arrogarse esta determinación ante la pasividad del resto de la sociedad santacruceña, especialmente, de los trabajadores petroleros que a esta altura no solamente no van a poder discutir convenios colectivos de trabajo, sino que se van a ver obligados a discutir en breve la continuidad de sus puestos laborales. A ello deben sumarse todos los demás eslabones del circuito económico que teniendo epicentro en el norte de Santa Cruz, va a afectar a todos y cada uno de los santacruceños».
La mirada política sobre la educación En este punto de su mensaje, el gobernador Daniel Peralta enfatizó que «concebimos a la educación como razón y política de Estado, por eso siempre estuvimos dispuestos a realizar todos los esfuerzos posibles para mejorar el salario de nuestros docentes. Tratamos por, absolutamente, todos los medios de llegar a un entendimiento consensuado en paritarias». En este contexto aclaró que «por todas las circunstancias que relaté, hemos agotado todos los mecanismos administrativos y judiciales para lograr una fórmula de entendimiento.
Este modelo de provincia apuesta a la educación pública: el 85% de los alumnos concurren a establecimientos del Estado». «Tengo la responsabilidad de trabajar por el bien común» En la última parte de su discurso, el mandatario provincial recordó que «como he dicho en otras oportunidades, siempre he puesto toda mi energía en reabrir canales de diálogo, consenso y trabajo conjunto, por encima de banderas partidarias y poniendo por norte el bienestar del pueblo y el progreso de nuestra Provincia.
A esos valores me he ceñido y seguiré fiel, más allá de los aciertos o errores que pueda tener mi gestión, de modo que pondré siempre lo mejor de mí al servicio de esta tierra». De esta forma subrayó que «sigo pensando que las discusiones salariales deben desarrollarse respetando reglas y en un marco de plena discusión y buena fe, donde el salario constituya una digna remuneración y el Estado pueda abonarlo sin poner en riesgo el cumplimiento de sus fines esenciales».
Al respecto continuó diciendo que «creo sinceramente que la gran mayoría de los santacruceños puso en mis espaldas la enorme responsabilidad de gobernar esta Provincia y tomar decisiones que protejan el bien común y en este caso fundamentalmente el derecho de los niños a tener una educación digna. Estamos construyendo una nueva Santa Cruz, queremos una sociedad que se desarrolle en paz, con respeto a las diversidades de opinión, pero en el marco de una sujeción estricta a la Ley, que es el contrato social que asegura el crecimiento sostenido con basamento en la igualdad de oportunidades».
«Hasta el fin de mi mandato –afirmó- como gobernador seguiré trabajando en pos de una Santa Cruz que nos pide a todos una actitud seria y responsable, donde cada uno asuma la responsabilidad que le cabe en este tiempo. Como siempre lo hice, voy a poner lo mejor de mí, todas mis horas, mis esfuerzos al servicio del diálogo, la convivencia y el consenso.
Pero también les digo, que acá en Santa Cruz no hay más excusas para no dar clases, no hay más excusas para parar la producción petrolera, nadie puede arrogarse facultades por sobre la justicia y tener de rehenes al conjunto de la sociedad y llegó el momento en que todos nos preguntemos hasta cuando vamos a tolerar prácticas coercitivas que nos llevan irremediablemente a la fragmentación de la sociedad y al quiebre de nuestra economía».
Peralta fue contundente al enfatizar que «con total humildad de conciudadano pido a los docentes que se encuentran en medidas de fuerza que retornen a las aulas, que comprendan que hemos hecho todos los esfuerzos para mejorar su situación salarial, que sus alumnos, los más chicos, valen los esfuerzos de aceptar la mitad del 50% que exigió el Sindicato y que tenemos los sueldos docentes más altos del país».
«Esta Provincia, integrada al país en un proyecto nacional, que camina el venturoso sendero del progreso requiere que entre todos, profundicemos el respeto a las instituciones» recalcó, al tiempo que concluyó indicando que «queremos, como siempre he dicho, una Santa Cruz que en definitiva reconozca a los que trabajan, a los que construyen y no a los que destruyen. Una Santa Cruz donde el amor y la solidaridad sean las herramientas permanentes de la convivencia». (El Diario Nuevo Día).