Cine argentino: varias entidades reclaman un cambio en la Ley vigente

Debido a la fuerte crisis que atravesó esta industria por la emergencia sanitaria, se solicitó una adecuación de la Ley de Cine Vigente. Proponen cobrarles impuestos a las plataformas de streaming para fomentar la producción local con un espíritu federal.

La expansión del negocio de las plataformas digitales de distribución de contenidos es una oportunidad para generar trabajo en el sector audiovisual. Sobre todo si se generan políticas de incentivo a la producción local, algo que ya está en la mira de unos cuantos países de Europa, se aplica en Colombia y algunos estados de los Estados Unidos y que en la Argentina sigue siendo una deuda pendiente.



En ese contexto, varias entidades argentinas relacionadas con una industria que ha quedado muy golpeada en esta época de reclusión obligada por la pandemia están reclamando una necesaria adecuación de la Ley de Cine vigente.



Para impulsar esos cambios se creó ahora el Espacio Audiovisual Nacional, promovido por nucleamientos como DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Apima (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales), PCI (Proyecto Cine Independiente) y Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina) y orientado a trabajar en una serie de modificaciones destinadas a generar un verdadero régimen federal y a contemplar medidas que propicien la paridad de género.



El objetivo central es conseguir que se amplíen las regulaciones y los gravámenes que involucren a las grandes empresas (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar Plus, AppleTV, por citar solo algunas) que facturan sumas millonarias gracias a la exhibición de producciones audiovisuales.



Con el dinero recaudado por esos nuevos impuestos se debería corregir el viejo concepto de fomentar únicamente la producción, abarcando esta vez a toda la cadena del proceso, desde el proyecto hasta su difusión. Entre las medidas sugeridas por este nuevo espacio destacan las siguientes:



1) recomponer el “costo medio”, de forma en que respete el espíritu con el que fue creado y para que sea una referencia real del costo de una producción audiovisual estándar y no un valor simbólico.



2) modificar y clarificar los sistemas de ayudas consistentes en créditos y subsidios.



3) planificar anualmente la producción para la correcta utilización de los fondos de fomento.



4) descentralizar algunas de las funciones que el Incaa venía cumpliendo y que fueron desplazadas por nuevas reglamentaciones (Cinain, Noticieros Cinematográficos, etcétera). Hay más información para los interesados en el tema en la web oficial del Espacio Audiovisual Nacional.



“El año pasado tuvimos una reunión con el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Su conclusión es que hay que hacer una nueva ley porque la que está vigente ya no alcanza. También nos reunimos con el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, y nos manifestó lo mismo: es necesario trabajar en una nueva ley. Yo pertenezco a la DAC, que tiene una larga tradición en cuanto a encargarse de las problemáticas del sector. Muchos de mis compañeros participaron en la redacción de la Ley 17.741, la que está hoy en vigencia. También logramos la ley para el derecho de autor del director. Estos pasos fueron una inspiración. Si lo pudieron hacer en el pasado, se puede hacer ahora. Nuestra intención es crear un instrumento para que alguien desde el Poder Legislativo le dé curso”, sostiene Carlos Jaureguialzo, director y productor con veinte años de trayectoria en la industria local.



La ley actual, que entró en vigencia en 1994, es un buen marco, pero lo cierto es que hubo regulaciones, decretos, decretos reglamentarios y resoluciones que fueron modificándola y hoy necesita una reactualización: “Me interesa mucho que además de los comités, donde ya ocurre, también haya paridad de género en el acceso a la financiación –señala la productora Vanesa Pagani, quien desarrolló proyectos como guionista para Disney Junior, Paka-Paka y Canal Encuentro, además de coordinar el equipo de programación del Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras–. Lo mismo con el federalismo: está claro que no es lo mismo un productor de Buenos Aires que uno de Jujuy”.



Lo que propulsa este espacio de profesionales independientes de la industria audiovisual argentina es un cambio de paradigma: “En el espectro de lo audiovisual entra todo: el cine, las series, las miniseries, e incluso los videojuegos –dice Martín Desalvo–, director de films como Unidad XV y El silencio del cazador. La Ley de Cine actual posibilitó el crecimiento desde 1994 hasta acá, pero tiene limitaciones, principalmente en el espacio de exhibición en plataformas. Es natural pedir que eso cambie cuanto antes”.



(La Nación)


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