LEGISLATURA PROVINCIAL

¿A dónde fueron los fondos? Grave denuncia por desvíos en la Legislatura

Un informe del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz reveló múltiples irregularidades administrativas y posibles delitos en la Cámara de Diputados, durante una auditoría realizada entre enero y abril de 2024. Se detectaron contrataciones sin respaldo legal, desvíos de fondos públicos y ayudas económicas a personas físicas en nombre de una fundación aún no constituida. Qué dijo en su descargo Leguizamón.

Redacción Nuevo Día
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Un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz sacó a la luz una serie de irregularidades graves en la administración de fondos públicos en la Cámara de Diputados, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2024. El documento, titulado "Informe Definitivo N° 022/ADAC/2025", fue emitido el pasado 18 de marzo y resume los hallazgos de una auditoría que, aunque se basó en un muestreo de expedientes, evidenció un manejo deficiente de los recursos y posibles delitos en varios niveles.

Entre los expedientes observados, uno de los más llamativos es el N° 039512/HCD/2024, en el que se otorgó una ayuda económica por $1.535.000 a la Sra. Teresa Alejandra Coronel para el alquiler de un inmueble destinado a la futura fundación "Ven Se Mi Luz", dedicada supuestamente a la prevención del suicidio y el consumo problemático. Sin embargo, la auditoría concluyó que "la ayuda económica no se destinó a una Fundación sino que las transferencias y comprobantes se realizaron a la persona humana desde el mes de febrero hasta agosto del año 2024 inclusive".

 La organización no contaba con personería jurídica al momento de recibir los fondos.

El convenio firmado entre Coronel y la Legislatura fue finalizado en septiembre de 2024, pero el Tribunal destacó que la falta de documentación legal, el pago directo a cuentas personales y la inexistencia de respaldo jurídico vulneraron los principios básicos de la administración pública. El total desembolsado solo en este caso alcanzó los $3.901.278.

Otra irregularidad relevante es la del expediente N° 39.635/HCD/2024, donde se formalizó el alquiler de un inmueble en calle Salvatori 547 como "vivienda familiar" para diputados y asesores. El contrato fue firmado por el presidente de la Cámara, Fabián Leguizamón, sin contar con la autorización del Poder Ejecutivo Provincial, contraviniendo el Decreto 1260/2018 que prohíbe este tipo de locaciones. 

A esto se sumaron facturas emitidas a nombre personal del Vicegobernador y la ausencia de informes previos que justificaran la contratación.

La auditoría también cuestionó la compra de blanquería por más de $1.636.000 para amoblar dicha vivienda, ejecutada mediante un expediente sin orden cronológica ni dictamen legal previo. Las camas y colchones fueron comprados antes de que se creara el expediente correspondiente, y hasta el momento no figuran como patrimonio del Estado.

El Tribunal destacó que muchos de los expedientes presentan facturas anteriores a los trámites administrativos, falta de informes técnicos que justifiquen los gastos y procesos de contratación sin las etapas legales correspondientes. 

También se encontraron irregularidades en rendiciones del Fondo Rotatorio Especial, incluyendo pagos de combustible, viáticos y refacciones edilicias sin respaldo ni planificación, totalizando más de $4.299.985.

Las observaciones iniciales fueron informadas a los responsables, entre ellos el Vicegobernador Leguizamón, quienes presentaron un descargo que no satisfizo al órgano de control. En uno de los pasajes más llamativos de su defensa, los funcionarios alegaron que las fallas eran producto del "cúmulo de trabajo" y "distracciones".

Tras analizar todos los descargos, el Tribunal emitió la Resolución 698-TC-24 aplicando una multa por falta de respuesta completa. El informe definitivo ratificó que muchas de las irregularidades detectadas podrían configurar delitos como el desvío de fondos públicos, y alertó que el universo total de anomalías podría ser mucho mayor, dado que el análisis se basó solo en una muestra limitada de expedientes.

El descargo del vicegobernador

En una serie de declaraciones realizadas a través de sus redes sociales, el Vicegobernador de Santa Cruz respondió con a las acusaciones que se han vertido en su contra, en lo que él considera una operación mediática orquestada por el denominado "Diario K". Según el Vicegobernador, el medio busca desviar la atención de los anuncios realizados por el Gobierno provincial el día anterior, en lo que él calificó como un intento de tapar logros históricos.

El Vicegobernador acusó al medio de generar "mentiras" que lo involucran sistemáticamente en acusaciones relacionadas con su gestión y denuncias previas sobre corrupción, como el manejo indebido de fondos públicos, el pago de dobles sueldos y la existencia de ñoquis en el sector público. Además, se preguntó por qué solo él es objeto de tales operaciones mediáticas.

En cuanto a la denuncia presentada por Karina Saúl, esposa del ex Vicegobernador Pablo González y actual vocal del Tribunal de Cuentas en representación de Unión por la Patria, el Vicegobernador afirmó que la denuncia está llena de "inexactitudes" sobre una auditoría anterior, la cual ya había sido aclarada en su momento, cumpliendo con todos los requerimientos establecidos. Sobre esta denuncia, aseguró que ofrecerá detalles en una conferencia de prensa programada para la semana próxima.

El Vicegobernador también destacó lo que considera una "paradoja" en la situación, al señalar que aún no se ha iniciado una denuncia por parte del Tribunal de Cuentas ni de la vocal por la minoría respecto al retiro de 35 millones de pesos realizado por el anterior Vicegobernador, Pablo González, sin rendir cuentas. Asimismo, mencionó que aún no se ha hecho una rendición de fondos de los últimos 10 años por parte de los municipios gestionados por intendentes del Frente para la Victoria (FVS), ni de funcionarios que manejaron los fondos en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y otros ministerios bajo la gestión de Alicia Kirchner.

El Vicegobernador cerró su mensaje reafirmando su disposición a colaborar con la Justicia, aunque solicitó que, en caso de ser notificado, se le informe antes que a los medios como la Opinión Austral y Primicias Santa Cruz, los cuales consideró como "operadores mediáticos K" que siguen las instrucciones de Pablo González. (Diario Nuevo Día)

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