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Avance en la lucha contra la corrupción en Santa Cruz: la reforma clave en el Código Penal

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad la insistencia en la reforma del Artículo 75 del Código Procesal Penal, permitiendo que cualquier ciudadano pueda ser parte querellante en causas de corrupción y delitos ambientales. La iniciativa había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero finalmente avanzó con respaldo legislativo. Para el diputado Pedro Muñoz, esta medida marca "un hecho histórico" en la provincia.

Redacción Nuevo Día
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En un hito legislativo para Santa Cruz, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la insistencia en la reforma del Artículo 75 del Código Procesal Penal, permitiendo que cualquier ciudadano pueda actuar como querellante en causas de corrupción y delitos ambientales. La medida había sido previamente vetada por el Poder Ejecutivo, pero finalmente prosperó con el respaldo total de los legisladores.

El diputado Pedro Muñoz celebró la decisión y la calificó como "un mensaje político muy importante en la lucha contra la corrupción". Según explicó, la modificación coloca a Santa Cruz "a la vanguardia" entre las provincias argentinas al permitir la participación activa de los ciudadanos en la persecución de delitos vinculados a funcionarios públicos.

"Con esta reforma, cualquier ciudadano que denuncie hechos de corrupción o delitos contra el ambiente podrá ser parte querellante en el proceso penal. Esto implica sumar un actor externo al sistema judicial con interés en la persecución y sanción del delito, evitando que las causas queden archivadas por falta de impulso", destacó Muñoz.

Además, subrayó que esta herramienta permitirá solicitar medidas, interponer recursos y exigir el avance de investigaciones, lo que fortalecerá el sistema judicial en la provincia. "La corrupción y la contaminación ambiental son dos flagelos que afectan a nuestra sociedad y vulneran derechos fundamentales", agregó el legislador.

La figura del querellante en este tipo de delitos es clave porque dinamiza el proceso judicial y aumenta la transparencia de las investigaciones, evitando que queden sujetas únicamente a la voluntad de los fiscales. "Esta reforma representa un avance en la participación ciudadana y en la lucha contra la impunidad", concluyó Muñoz.

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