CÁMARA DE DIPUTADOS

El kirchnerismo repudia la multa a ADOSAC y pide que se retrotraiga, aunque en la gestión de Alicia Kirchner le impusieron la misma sanción al gremio

Un proyecto de Unión por la Patria presentado en la legislatura pide que "se retrotraiga la medida en contra del Gremio ADOSAC, con la multa millonaria, que solo busca amedrentar y callar las voces de quienes reclaman con justa razón y destruir al gremio".

Redacción Nuevo Día
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El kirchnerismo repudia la multa a ADOSAC y pide que se retrotraiga, aunque en la gestión de Alicia Kirchner le impusieron la misma sanción al gremio



Un sector del bloque de Unión por la Patria, presentó un proyecto en el que repudia y rechaza la multa de $1.700 millones que el ministerio de Trabajo impuso a ADOSAC por no acatar la conciliación obligatoria en el marco de las medidas de fuerza que realiza el gremio por reclamo de aumento salarial. (El gremio apeló la multa, la calificó de extorsiva y advirtió que el gobierno pretende quebrar al sindicato).

El proyecto además solicita que se "retrotraiga" la multa ya que esta sanción, señala en su artículo 2, intenta "coartar y disciplinar a las organizaciones y asociaciones que redaman par derechos de acceso a alimentación, vivienda, salud y salarios".

Sin embargo, fue el propio gobierno kirchnerista, a cargo de Alicia Kirchner,  impuso el mismo método sancionatorio a ADOSAC el año pasado. Pero también en 2018 y la suma fue de $32 millones de pesos, cifra alta en ese momento, teniendo en cuenta la inflación desde aquel año.

El diputado autor del proyecto es Carlos Godoy, legislador que integra el bloque opositor, aunque originalmente no es kirchnerista, sino que proviene del PJ de la Cuenca Carbonífera. Si lo son, quienes lo acompaña en la firma de la iniciativa, como son Karina Nieta y Elba Ponce.

"Exigimos se retrotraiga la medida en contra del Gremio ADOSAC, con la multa millonaria, que solo busca amedrentar y callar las voces de quienes reclaman con justa razón y destruir al gremio", expuso en redes sociales el diputado Godoy.

Un caso similar es el del intendente Pablo Grasso. Hoy la Municipalidad de Río Gallegos, a través de un comunicado oficial, expresó su rechazo hacia la sanción impuesta al gremio. "Entendemos que la supresión de los canales de diálogo y la aplicación de esta medida confiscatoria constituye una acción clara de extorsión y amedrentamiento ante los reclamos legítimos del sector, lo cual es absolutamente contrario a los valores democráticos que institucionalmente deben prevalecer", señala el documento.

El comunicado también hace referencia al compromiso incumplido del gobierno provincial con los trabajadores: "Una de las promesas del actual gobierno provincial era una recomposición salarial del 100% para las y los trabajadores de la administración pública, fundamentalmente para el sector docente. Esto no sólo no se ha cumplido, sino que las paritarias se han expresado muy por debajo de los índices inflacionarios desde diciembre en adelante".

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