El proyecto que propone un recorte del 30% en los salarios de funcionarios de Santa Cruz para redistribuirlos: en qué consiste

A modo de contrapartida de la ley de emergencia económica que propone el Ejecutivo, se presentó el  proyecto de ley N.º 084, autoría del diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria), que busca austeridad en el Estado provincial. En su Artículo 1, establece como objetivo "priorizar los recursos del Estado en políticas públicas esenciales".

En el Artículo 2, define el alcance: la ley se aplicará a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, entes descentralizados y empresas con participación estatal. Es decir, abarca a toda la estructura política y administrativa que maneje fondos públicos.

Recorte salarial y prohibiciones

El eje central aparece en el Artículo 3, donde se dispone una reducción del 30% de las remuneraciones de los funcionarios. El texto aclara que el recorte incluye "toda suma percibida", como adicionales, bonificaciones o compensaciones.

Además, se especifica que esta medida no alcanzará a otros trabajadores del Estado ni podrá utilizarse como referencia para modificar otros salarios.

En el Artículo 4, se prohíbe explícitamente la creación de mecanismos que compensen esta reducción, evitando que el recorte sea neutralizado por otros ingresos.

Publicidad, comunicación y uso de recursos

El Artículo 5 establece la suspensión de gastos en publicidad oficial, incluyendo pautas en medios, contratación de servicios de comunicación y financiamiento de redes sociales con fines institucionales o políticos.

Solo se permitirá la difusión de campañas vinculadas a salud, educación, seguridad y emergencias. En este punto, el proyecto apunta a reducir uno de los rubros más cuestionados del gasto público.

Por su parte, el Artículo 6 limita el uso de bienes del Estado: restringe vehículos oficiales, suspende viáticos y gastos de representación. Sin embargo, exceptúa áreas esenciales como salud, seguridad, Vialidad y operativos invernales.

También crea un Registro Público digital para transparentar el uso de estos recursos.

Cambios estructurales y fondo social

En el Artículo 7, el proyecto propone derogar normativas vinculadas a sociedades anónimas unipersonales (SAU) con participación estatal, argumentando la necesidad de mayor control y transparencia. Se establece que el Ejecutivo deberá avanzar en su liquidación o reorganización.

El Artículo 8 crea un fondo de redistribución social con los recursos ahorrados, que estarán destinados a paritarias centrales, vinculando directamente el ajuste político con mejoras salariales.

Aplicación y control

El Artículo 9 designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, mientras que el Artículo 10 obliga a informar trimestralmente al Poder Legislativo sobre la ejecución de la ley.

Finalmente, el Artículo 11 invita a municipios y comisiones de fomento a adherir a medidas similares, ampliando el alcance de la política de austeridad a nivel local.