Proponen adherir a la Ley Nacional de “Diagnóstico Humanizado” para casos de síndrome de Down

La iniciativa 189/23 indica que el apoyo debe ser a través de una comunicación interpersonal adecuada, suministrando al o los progenitores información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, el pronóstico, las opciones y los servicios de salud y apoyo disponibles a fin de garantizar una vida en igualdad de oportunidades para las personas con este síndrome y sus familias.



Ley promueve la formación y la capacitación continua de los profesionales de la salud sobre las condiciones y contenido que debe reunir una comunicación con las familias de los hijos/as en gestación o recién nacidos que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down y sobre los derechos de las personas con discapacidad.



La norma nacional sustenta la creación de un ambiente que debe rodear y asistir a las familias al momento de la comunicación de un diagnóstico para sus hijos/as, ha de estar marcado por la empatía, la comprensión, el respeto, y la profesionalidad con que se debe ofrecer información veraz y actualizada sobre la realidad de la persona con este diagnóstico en su totalidad, los programas de apoyo existentes y las diversas opciones de acompañamiento que se dispone.



“Resulta importante que nuestra Provincia adhiera a la Ley de Diagnostico Humanizado, pues encuentra su basamento en los principios de la Convención de los Derechos de la Personas con Discapacidad”, expresa la legisladora en los fundamentos del proyecto. Al tiempo que remarca que se propugna el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de la personas; la no discriminación; la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.