Presentaron en la justicia amparo colectivo con más de 850 mil firmas de apoyo contra la reforma de la ley de glaciares
Organizaciones ambientales y sociales impulsaron una demanda judicial para frenar los cambios en la normativa, al considerar que representan un retroceso en la protección del agua y los ecosistemas.
Organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos presentaron una demanda colectiva ante la Justicia Federal para declarar la inconstitucionalidad de la reciente reforma de la Ley de Glaciares, en una acción que cuenta con el respaldo de más de 850 mil adherentes en todo el país.
La iniciativa es impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, quienes presentaron un amparo colectivo ante un juzgado federal de la provincia de La Pampa.
El planteo judicial solicita la suspensión inmediata de la reforma aprobada el pasado 9 de abril, al considerar que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. En ese sentido, exige que continúe vigente la Ley 26.639 hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La demanda cuenta además con el acompañamiento de la ex diputada Marta Maffei, autora de la ley original, junto a asambleas territoriales de todo el país y organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Círculo de Políticas Ambientales.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el proceso legislativo que derivó en la reforma, al que calificaron como "viciado". Según señalaron, más de 100.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública convocada en el Congreso, pero menos del 0,2% pudo hacerlo de forma oral, lo que -afirman- incumple los estándares de participación establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Desde las organizaciones advierten que la modificación de la ley implica un retroceso ambiental que vulnera principios básicos como el de no regresión y el sistema de presupuestos mínimos establecidos en la Constitución Nacional.
Además, cuestionan que la reforma habilita criterios discrecionales por parte de las provincias para definir qué áreas proteger, en reemplazo de estándares científicos unificados, lo que podría impactar en zonas donde existen proyectos extractivos.
El pedido de suspensión también alcanza a cualquier autorización o acto administrativo vinculado a la nueva normativa, incluyendo proyectos mineros que se superpongan con áreas glaciares identificadas por el Inventario Nacional de Glaciares y estudios del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).
Las organizaciones remarcaron que los glaciares cumplen un rol estratégico en el país, ya que alimentan cerca del 40% de las cuencas hídricas y garantizan el acceso al agua para millones de personas.
En ese contexto, recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había ratificado en 2019 la constitucionalidad de la ley vigente, estableciendo que el dominio provincial sobre los recursos naturales no puede vulnerar los estándares mínimos de protección ambiental.
La presentación judicial marca así un nuevo capítulo en la disputa por la protección de los glaciares y el acceso al agua, en un escenario que combina reclamos sociales, debate político y definiciones clave en el ámbito judicial.
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